Los gobiernos deberían restituir a los individuos la
libertad de comerciar, conforme a su inclinación natural al intercambio, que
Adam Smith plasmó en La riqueza de las
naciones. La intervención estatal —mediante aranceles, cuotas, licencias o
impuestos— restringe esa libertad y frena la división del trabajo, el progreso
tecnológico y la especialización. Esta intromisión vulnera el derecho de
propiedad privada y su expresión más íntima: la libre disposición de lo propio.
La libertad se pierde cuando el individuo queda sometido al poder arbitrario de
otro, en este caso, del Estado. Conviene recordarlo: no comercian los Estados,
sino los individuos, en su condición de propietarios, empresarios y
consumidores.
El comercio puede definirse como el intercambio de títulos
de propiedad. Las comunidades en las que se intensificaron las relaciones
comerciales fueron las más prósperas, en gran medida porque protegieron mejor
los derechos de propiedad, lo que favoreció la expansión de la propiedad y la
reducción de la pobreza. El respeto a la propiedad privada facilita las
relaciones voluntarias de intercambio y es, a su vez, condición de la libertad.
La experiencia histórica demuestra que los incentivos al comercio aumentan
cuando se respetan los acuerdos y se cumplen los contratos.
Douglass North observó que el intercambio impersonal
—entre personas que no se conocen ni se conocerán— surge en sociedades con
derechos de propiedad bien definidos y sistemas jurídicos creíbles. Este tipo
de intercambio genera mayores beneficios sociales que el intercambio personalizado,
característico de sociedades menos desarrolladas, donde predominan los vínculos
familiares o comunitarios. Aquel individuo que, movido por su interés,
intercambió bienes por primera vez con miembros de otra tribu abrió el camino
hacia formas más avanzadas de comercio. Este orden no fue diseñado por nadie:
emergió espontáneamente, y en eso reside la idea central de Friedrich Hayek: el
mercado funciona mediante reglas abstractas —propiedad, contratos, derecho— que
permiten coordinar a millones de individuos desconocidos. Este tipo de orden
expande el mercado hacia círculos cada vez más amplios, regido por normas
independientes de los fines particulares.
Desde una perspectiva económica, cuando un gobierno regula
el comercio —tanto interno como internacional—, las pérdidas para los
consumidores suelen superar los beneficios. Al elevar los costes de
transacción, el Estado reduce o incluso impide intercambios mutuamente
beneficiosos. La inhibición de un solo intercambio genera efectos invisibles:
otros muchos intercambios derivados dejan de producirse.
El ejemplo del lápiz, inmortalizado por Leonard Read en
"Yo, el lápiz", ilustra ese
orden espontáneo en acción: ningún individuo conoce ni dirige el proceso
completo, y sin embargo el producto llega al consumidor. Si la intervención
estatal lo impidiera, mineros, transportistas y trabajadores perderían
oportunidades sin saber siquiera que han sido perjudicados. Lo invisible de ese
daño es precisamente lo que lo hace más grave: revela cómo la regulación
destruye redes complejas de cooperación sin dejar rastro visible.
Los individuos intercambian su trabajo, tiempo y
conocimiento por bienes y servicios que satisfacen sus necesidades. Producen
para consumir e intercambian su productividad por la de otros. La destrucción o
desviación del comercio pone de manifiesto los efectos nocivos de la
intervención en relaciones voluntarias y pacíficas.
Pero el comercio no solo genera bienestar económico: tiene
ante todo una dimensión moral. Aquel primer intercambio entre tribus implicó
algo más que un beneficio material: introdujo una alternativa a la violencia.
Supuso reconocer que la cooperación pacífica era moralmente superior y por ello
más rentable que el saqueo. Así, el comercio trajo consigo el reconocimiento de
los derechos de propiedad.
Los comportamientos derivados del comercio son, por
naturaleza, pacíficos y contrarios a la coacción, la violencia y la guerra.
Ludwig von Mises sostuvo que la paz duradera exige la adopción de principios de
cooperación social basados en el libre acuerdo. El comercio une a los
individuos, mientras la intervención estatal, basada en la relación de mando y
obediencia, restringe la libertad y distorsiona los mercados.
El éxito del mercado radica en que el sistema de precios
no tiene sustituto: la información está dispersa y ningún gobierno puede
centralizarla eficazmente. La intervención estatal y el nacionalismo económico
alimentan conflictos al sustituir decisiones individuales por mandatos
políticos.
Cuando los gobiernos se arrogan funciones propias de los
individuos, como el intercambio, se debilita la división del trabajo, se reduce
el bienestar y aumentan los incentivos al conflicto. Además, los gobernantes
persiguen intereses propios, lo que favorece la captura del sistema político
por grupos de presión. La teoría de la elección pública explica cómo estas
dinámicas benefician a minorías organizadas en detrimento del conjunto de
consumidores.
Históricamente, los periodos de mayor libertad comercial
han coincidido con menores niveles de conflicto. Entre 1815 y 1914,
especialmente entre 1860 y 1880, el mundo vivió una relativa paz acompañada de
expansión comercial. La liberalización comercial británica, el Zollverein
alemán, la apertura japonesa y la expansión estadounidense ilustran esta
tendencia. Tras el final de la Guerra Fría, el comercio global se intensificó
notablemente. La difusión de tecnologías de comunicación redujo el aislamiento
y favoreció la integración económica. En este contexto, los conflictos
interestatales han disminuido, mientras el comercio ha alcanzado niveles sin
precedentes.
Por el contrario, los regímenes totalitarios han sido los
principales responsables de la violencia masiva. Las estimaciones históricas
muestran cifras devastadoras bajo regímenes comunistas y nacionalsocialistas
que no solo destruyeron vidas, sino también oportunidades económicas al anular
la iniciativa privada.
Existe amplia evidencia de que los sistemas que respetan
la libertad y la propiedad son menos propensos a la violencia. La limitación
del poder estatal y el desarrollo de órdenes espontáneos favorecen la paz y la
prosperidad. En estos contextos, la guerra resulta menos probable y más costosa
políticamente. Un ejemplo contemporáneo lo ofrece la tensión entre Estados
Unidos e Israel e Irán en torno al Estrecho de Ormuz. El libre flujo de gas y
petróleo por esa vía actúa como freno al conflicto: cualquier interrupción
elevaría drásticamente los costes económicos de la guerra y haría más atractiva
la cooperación pacífica. Conviene recordar, en este punto, que la guerra es en
sentido estricto un fenómeno estatal, ajeno a la lógica del intercambio voluntario
entre individuos.
El comercio es, en esencia, un proceso sin fines únicos,
en el que participan individuos con objetivos diversos pero compatibles. Su
expansión responde a los beneficios que genera. Sin expectativas de ganancia,
el intercambio no existiría. Desde el final de la Guerra Fría, las reglas del
comercio se han extendido a escala global, debilitando sistemas
intervencionistas. La prosperidad derivada del intercambio ha erosionado
modelos basados en la coacción. En definitiva, el comercio es un poderoso promotor
de la paz. Puede sostener un orden internacional más pacífico, siempre que los
gobiernos se limiten a proteger la vida, la libertad y la propiedad.
Ignacio Delfino
