La política tiene una tentación recurrente:
creer que sus líderes cambian las cosas por pura voluntad. La realidad suele
ser más pertinaz. Hay momentos excepcionales en los que un liderazgo de ruptura
logra alterar las reglas del juego antes de que estas lo absorban. Argentina
atraviesa hoy uno de esos momentos. El presidente Javier Milei está gobernando,
pero a la vez disputa al sistema su propia lógica. No obstante, la apuesta no
se gana únicamente con voluntad: se gana o se pierde según las instituciones
que ese liderazgo sea capaz de afianzar. Un gobernante puede iniciar un cambio
de régimen; solo las instituciones pueden sostenerlo.
Las instituciones son el conjunto de reglas
formales e informales —y sus mecanismos de cumplimiento— que estructuran los incentivos
bajo los cuales actúan los miembros de una sociedad. No es el tamaño de una
sociedad lo que determina su destino: una comunidad pequeña gobernada por el
clientelismo y la redistribución coactiva no es más libre ni más próspera que
una grande; simplemente es más pequeña. El tamaño importa, sí, pero importa
porque condiciona —y mucho— la viabilidad de las libertades. Sin un sistema de
incentivos adecuado, la escala reducida no garantiza nada.
El gigantismo urbano construido desde el
Estado presenta, por su propia lógica, patologías propias que merecen un
análisis. El conurbano bonaerense representa el 1% del territorio nacional,
pero concentra el 23,6% de la población argentina, según datos del Censo 2022,
y reúne 24 municipios donde habitan más de 10 millones de personas. Entre 2010
y 2022 su población creció un 9,4%, profundizando la densificación.
Cuando una unidad política territorial crece
no por la fuerza espontánea del mercado, sino por décadas de subsidios,
proteccionismo y centralización fiscal, lo que se produce no son ciudades, sino
territorios de servidumbre voluntaria a escala masiva. El conurbano bonaerense
es, en este sentido, uno de los experimentos estatales más paradigmáticos de la
historia económica argentina: una concentración demográfica de vasto alcance,
no explicada por la atracción de oportunidades productivas genuinas, sino por
la gravitación del subsidio estatal, el peso de la redistribución fiscal y un
modelo de desarrollo mezquino centrado exclusivamente en el mercado interno.
No es la demografía lo que lo hace
disfuncional; es la lógica inexorable del intervencionismo: cuando el Estado
reemplaza al mercado como asignador de recursos, el individuo deja de calcular
en términos productivos y comienza a hacerlo en términos políticos.
Los resultados electorales del 26 de octubre
de 2025 ofrecen una confirmación empírica difícil de ignorar. En el conurbano,
Unión por la Patria (UxP) obtuvo una ventaja agregada de aproximadamente cinco
puntos porcentuales sobre La Libertad Avanza (LLA) al normalizar los votos
entre ambas fuerzas. En el interior de la provincia de Buenos Aires, el
resultado se invierte de manera contundente: LLA alcanza en torno al 60% frente
al 42% de UxP. Dos territorios, dos resultados opuestos, dos lógicas distintas.
Esta divergencia no es accidental ni meramente
ideológica, en el sentido convencional del término: es la expresión política de
dos estructuras económicas que generan incentivos radicalmente diferentes. El
conurbano fue construido por el intervencionismo. La sustitución de
importaciones, los regímenes de protección industrial y la centralización del
gasto público produjeron un entramado económico cuya viabilidad dependía de la
intervención permanente del Estado. Cuando el mercado es reemplazado como
asignador de recursos, la población se desplaza hacia donde están los
subsidios, no hacia donde están las oportunidades. El resultado es predecible:
estructuras de clientelismo territorial donde la mediación política se
convierte en condición de supervivencia, y donde el voto refleja menos una
preferencia ideológica que una captura de renta.
Sin perjuicio de la existencia de adhesiones
ideológicas auténticas, el patrón dominante responde a los incentivos del
entorno. UxP ganó 16 de los 24 municipios del conurbano.
Esa ventaja no se explica por la conciencia
política de sus habitantes, sino por la arquitectura de dependencia en la que
viven.
El interior bonaerense ilustra la lógica
opuesta con igual claridad. Donde la economía está anclada en actividades
productivas basadas crecientemente en la exportación —agroindustria, servicios
regionales y actividades de largo plazo sustentadas en ventajas comparativas
reales—, donde los individuos dependen menos de la intermediación estatal y más
de sus propias decisiones en el mercado, el voto se orienta hacia propuestas de
desregulación, reducción del gasto público, menor presión fiscal y libertad
económica. LLA obtuvo allí una ventaja de aproximadamente dieciocho puntos
porcentuales. No es difícil comprender por qué: quien vive de su propio trabajo
en un entorno relativamente libre tiende a preferir reglas que protejan esa
libertad y su patrimonio. La autonomía económica precede y condiciona la
autonomía política.
Las reformas en curso desde diciembre de 2023
apuntan precisamente a corregir el sistema de incentivos que produjo esta
distorsión histórica. La liberalización económica, la eliminación de subsidios
generalizados y la apertura a la inversión externa están desplazando el
dinamismo productivo hacia el interior del país: los hidrocarburos en Neuquén y
provincias vecinas, la minería en el NOA y la agroindustria en la región
pampeana generan oportunidades de empleo real fuera del conurbano. Cuando el
mercado recupera su función coordinadora, los recursos —incluidos los humanos—
tienden a moverse hacia donde son más productivos. La descentralización ni
siquiera necesita decretarse; emerge espontáneamente cuando se eliminan las
distorsiones que la impedían.
La división entre conurbano e interior no es
geográfica ni meramente sociológica: es, en el fondo, la vieja división entre
quienes viven del mercado y quienes viven del Estado. Representa dos formas de
organización social que responden a lógicas distintas y producen, como
consecuencia, preferencias políticas distintas. El desafío no es reformar el
conurbano como totalidad —empresa de dudosa viabilidad—, sino transformar el
sistema de incentivos que lo reproduce. Si las reformas en curso logran
consolidarse, no implicarán la desaparición del conurbano, sino su liberación:
la transición desde una masa poblacional cautiva de la política hacia una
sociedad de individuos que producen, intercambian y deciden libremente.
En esa transición reside, precisamente, la
posibilidad de una Argentina más próspera, impulsada por un crecimiento
económico que solo adquiere verdadera sostenibilidad de largo plazo cuando está
respaldado por una expansión de las exportaciones que actúan como pilar y motor
del desarrollo. En el año 2025, las exportaciones de bienes y servicios registraron
un récord histórico, al superar los 105.000 millones de dólares, lo que
equivale a unos 2.300 dólares por habitante. Esta cifra de exportación per
cápita, al contrastarse con los 146.000 dólares de Irlanda, los 76.700 de Suiza
o los 57.600 de Países Bajos, pone en evidencia la amplia brecha existente
entre el potencial productivo del país y su capacidad efectiva de
transformación en riqueza exportadora.
Las proyecciones disponibles para la próxima
década sugieren un cambio estructural relevante en la composición del sector
externo argentino. En el caso de la energía, distintos escenarios coinciden en
que hacia mediados de la década de 2030 la balanza comercial del sector podría
alcanzar un superávit del orden de los 40.000 a 45.000 millones de dólares anuales,
impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta y la expansión de las exportaciones
de petróleo y gas natural licuado. A ello se sumaría la minería, cuyo potencial
de crecimiento es igualmente significativo: estimaciones de consultoras
internacionales proyectan que las exportaciones del sector podrían pasar de
niveles cercanos a los 6.000 millones actuales a alrededor de 25.000–30.000
millones hacia 2035, con el litio y el cobre como ejes centrales de esa
expansión. El complejo agroindustrial —que ya explicó más de 50.000 millones de
dólares en exportaciones en 2025, uno de los registros más altos de su
historia— mantendría su rol como base estructural del ingreso de divisas. La
eliminación inmediata de las retenciones
se vuelve una condición inaplazable para
desatar el potencial exportador, al suprimir el principal impuesto que ha
gravado durante décadas al sector agrícola-ganadero.
Si estos escenarios de desarrollo energético,
minero y agroindustrial se concretan —lo que dependerá de condiciones
institucionales, infraestructura logística y continuidad de políticas
orientadas a la apertura económica—, las exportaciones totales de Argentina
podrían acercarse o superar los 200.000 millones de dólares y el nuevo empleo directo
e indirecto los 5 millones hacia 2035. El impacto más significativo serán los
salarios más altos y el fuerte crecimiento de servicios industriales que
conllevará dicho proceso. En ese caso, el valor exportado por habitante podría
elevarse por encima de los 4.000 dólares anuales. Seguiría siendo una fracción
de lo que exporta por ciudadano una economía verdaderamente libre como Singapur
o Irlanda, pero representaría un salto histórico que posicionaría a Argentina
como uno de los grandes exportadores emergentes del mundo.
Ignacio Delfino
