En una sociedad organizada exclusivamente en torno a la propiedad
privada, la inmigración no constituiría un problema. La decisión de aceptar o
rechazar extranjeros correspondería a cada propietario o comunidad de
propietarios, de acuerdo con sus intereses y necesidades particulares. Como
cualquier otra elección de mercado, los costes y beneficios de esas decisiones
recaerían sobre quienes las tomaran. La política migratoria no sería una sola,
diseñada centralmente por el Estado, sino el resultado de millones de
decisiones voluntarias y descentralizadas.
En un orden de propiedad privada plena no existirían ni la inmigración
libre ni la inmigración restringida tal como las entendemos hoy. Existiría,
simplemente, la invitación: un propietario que recibe a alguien en su vivienda,
su tierra o su empresa asume de forma voluntaria los costes de esa decisión y
puede revocar la bienvenida cuando lo considere oportuno. No habría integración
forzosa ni exclusión forzosa; todo movimiento dependería del consentimiento.
El Estado altera radicalmente este escenario al monopolizar la decisión
sobre quién puede entrar en el territorio y bajo qué condiciones puede acceder
a una extensa propiedad pública —calles, plazas, parques, infraestructuras y
servicios—. Si permite la entrada de alguien a quien ningún propietario ha
invitado, impone una integración forzosa sobre la comunidad residente; si la
impide, frustra contratos voluntarios que empleadores, arrendadores y ciudadanos
habrían celebrado libremente. Ninguna de las dos opciones reproduce el
resultado que emergería espontáneamente del mercado.
En el mundo real, la inmigración se desarrolla dentro de estados de
bienestar financiados mediante impuestos. Por ello, cualquier análisis de la
cuestión migratoria debe incorporar el esfuerzo fiscal necesario para sostener
los servicios y prestaciones públicos a los que acceden los inmigrantes, así
como las implicaciones de dicho gasto para la sostenibilidad del sistema
redistributivo.
Cabe preguntarse si la libertad de movimiento de las personas es análoga
al libre comercio. Esta cuestión dio origen a un debate que se prolongó durante
casi quince años en el Journal of
Libertarian Studies. Walter Block, siguiendo la tradición rothbardiana,
sostiene que un liberal no puede defender restricciones migratorias sin
incurrir en una incoherencia normativa. Si toda restricción estatal al
movimiento voluntario de personas viola el principio de no agresión, impedir que
un empleador contrate a un trabajador extranjero resulta tan ilegítimo como
imponer aranceles o restringir el comercio.
Hans-Hermann Hoppe rechaza esta analogía. A su juicio, libre comercio y
libre inmigración no son equivalentes porque el intercambio de bienes siempre
presupone consentimiento: cuando una mercancía cruza una frontera, alguien la
ha comprado o solicitado previamente. En cambio, cuando una persona ingresa en
un Estado con propiedad pública y estado de bienestar, accede a calles,
hospitales, escuelas y prestaciones financiadas por terceros sin que ningún
propietario privado haya consentido esa integración. La “integración forzosa”
creada por el Estado no tiene equivalente en el comercio de mercancías.
El desacuerdo fundamental no reside en el orden ideal —ambos coinciden
en que una sociedad de propiedad privada plena eliminaría el problema
migratorio— sino en la cuestión del second
best: dado que vivimos en sociedades con Estado, propiedad pública y
sistemas redistributivos, ¿qué política migratoria debería defender un liberal
libertario?
Block sostiene que debe apoyarse siempre la posición más cercana al
ideal de libertad, incluso en condiciones imperfectas. Hoppe responde que
aplicar mecánicamente ese ideal en un contexto no ideal puede producir
consecuencias contrarias a las buscadas: abrir las fronteras en presencia de un
amplio estado de bienestar no conduce a un orden de propiedad privada, sino a
una redistribución coercitiva financiada por los contribuyentes.
Aquí aparece el núcleo del debate. Hoppe sostiene que el estado de
bienestar convierte la inmigración en un mecanismo de redistribución fiscal. El
inmigrante que accede a prestaciones sociales sin haber contribuido previamente
al sistema se beneficia, según esta lógica, de transferencias financiadas
coercitivamente por otros. Milton Friedman resumió esta preocupación con una
frase célebre: no es posible mantener simultáneamente libre inmigración y
estado de bienestar.
Block acepta parcialmente el diagnóstico, pero invierte la conclusión.
El problema no es la inmigración, sino el propio estado de bienestar.
Restringir la movilidad humana para preservar un sistema redistributivo
implica, desde su perspectiva, confundir el síntoma con la causa.
La evidencia empírica reciente permite evaluar ambas posiciones. En diciembre de 2024, el IZA Institute of Labor Economics publicó el
estudio The Long-Term Fiscal Impact of
Immigrants in the Netherlands, Differentiated by Motive, Source Region and
Generation, elaborado por Jan van de Beek, Joop Hartog, Gerrit Kreffer y
Hans Roodenburg. El trabajo utiliza microdatos de toda la
población neerlandesa para calcular la contribución fiscal neta de los
inmigrantes a lo largo de su vida, diferenciando por motivo de inmigración,
generación y región de origen.
Los resultados muestran que las consecuencias fiscales de la inmigración
no dependen de la inmigración como fenómeno abstracto, sino del tipo de
migración y del marco institucional en el que se desarrolla. Los inmigrantes
laborales presentan, en promedio, una contribución fiscal neta positiva:
aportan más en impuestos de lo que reciben en transferencias públicas. Cuanto
mayor es su cualificación y nivel salarial, mayor es también su aportación al
fisco.
En cambio, los inmigrantes llegados por motivos de asilo, reunificación
familiar o estudio presentan contribuciones netas negativas. En términos
fiscales, reciben más del Estado de lo que aportan. El estudio también
identifica una correlación entre cercanía cultural y desempeño fiscal: los inmigrantes
procedentes de regiones culturalmente más próximas a Europa occidental muestran
resultados más positivos que aquellos provenientes de contextos más distantes.
Los autores estiman que los inmigrantes occidentales contribuyeron
positivamente al presupuesto neerlandés en 2016, mientras que los no
occidentales generaron un saldo fiscal neto negativo significativo. El hallazgo
más incómodo políticamente es que solo una minoría de los inmigrantes realiza
una contribución neta positiva a lo largo de su vida.
Estos resultados confirman parcialmente las intuiciones de Hoppe. La
coexistencia de fronteras relativamente abiertas y estado de bienestar puede
producir transferencias fiscales sustanciales desde los contribuyentes hacia
determinados grupos de inmigrantes. También respaldan su argumento de que la
integración cultural y la productividad institucional no son variables
irrelevantes.
Sin embargo, el estudio también valida aspectos esenciales de la
posición de Block. La inmigración laboral cualificada no solo no representa una
carga fiscal, sino que constituye un activo económico neto. Esto sugiere que el
problema no es la movilidad humana en sí misma, sino la estructura
institucional bajo la cual se produce.
De hecho, el estudio parece indicar que, en ausencia de un amplio estado
de bienestar, el propio mercado tendería a seleccionar inmigrantes con perfiles
productivos y sostenibles en términos fiscales: trabajadores invitados por
empresas, profesionales cualificados o personas capaces de integrarse económicamente
sin depender de transferencias públicas. En un sistema plenamente privado,
además, los costes derivados de decisiones migratorias recaerían sobre quienes
las tomaran y no sobre el
conjunto de los contribuyentes.
La controversia entre Hoppe y Block no tiene un vencedor definitivo, y
precisamente por eso sigue siendo intelectualmente valiosa. Hoppe acierta al
señalar que el estado de bienestar distorsiona los incentivos migratorios y
convierte parte de la inmigración en un mecanismo de redistribución coercitiva.
Block acierta al recordar que restringir la libertad de contratación y
movimiento mediante coerción estatal sigue siendo problemático desde una
perspectiva liberal libertaria.
Lo que el debate permite concluir es que el principal responsable de las
tensiones asociadas a la inmigración no es el inmigrante como individuo, sino
la estructura institucional creada por el Estado: un sistema que monopoliza la
propiedad pública, socializa costes, restringe mecanismos privados de selección
y, al mismo tiempo, impide que ciudadanos y empresas decidan libremente con
quién asociarse.
La solución, por tanto, no pasa necesariamente por más controles
estatales, sino por reducir las distorsiones creadas por el propio Estado:
menos redistribución coercitiva y mayor espacio para decisiones voluntarias y
descentralizadas sobre contratación, residencia y asociación.
Ignacio Delfino
