Edgardo Zablotsky
Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Miembro de Número de la Academia Nacional de Educación, ejerce el cargo de Profesor Titular de la Universidad del CEMA. Es Director Ejecutivo del UCEMA Friedman Hayek Center for the Study of a Free Society. El Dr. Zablotsky es Miembro de la Mont Pelerin Society, del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso, y de la Fundación Atlas (Argentina). Centra su interés en dos campos de research: filantropía no asistencialista y las políticas públicas llevadas a cabo en el área educativa en nuestro país. Premio a la Libertad 2016 por parte de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre.
El proyecto de
ley de Libertad Educativa merece ser analizado más allá de los eslóganes. No se
limita a discutir financiamiento, autonomía escolar o nuevas modalidades de
enseñanza. Plantea algo más profundo: volver a colocar a las familias en el
centro del sistema educativo. Y si los padres ocupan ese lugar, hay una
consecuencia elemental: deben saber qué ocurre en la escuela a la que envían a
sus hijos.
La ley lo dice
desde el comienzo. El artículo 1 reconoce el derecho preferente de los padres a
elegir la educación de sus hijos y define a la familia como agente natural y
primario de esa educación. El artículo 4 incorpora ese rol preferente entre los
principios rectores del sistema. El artículo 10 reconoce a quienes ejercen la
responsabilidad parental el derecho a orientar la educación de sus hijos y a
elegir instituciones o proyectos acordes a sus convicciones. El artículo 13,
por su parte, ordena al Estado respetar y proteger la libertad educativa, la
autonomía institucional y el derecho de las familias a elegir.
Sin embargo,
elegir sin información no es realmente elegir. Por eso son tan relevantes los
artículos 73 y 74 del proyecto. El primero prevé evaluaciones censales y
muestrales, incluyendo herramientas digitales y modalidades innovadoras. El
segundo dispone que la autoridad nacional de aplicación publique anualmente, en
un portal digital abierto, accesible y de fácil navegación, información
desagregada por institución educativa, incluyendo como mínimo los resultados de
las evaluaciones censales. El mismo artículo exige, con razón, resguardar
estrictamente la identidad de docentes y estudiantes.
Esta precisión no
es menor. Nadie propone exponer alumnos ni señalar docentes. Lo que se propone
es publicar información institucional. Una familia debería poder saber si la
escuela a la que confía la educación de sus hijos obtiene buenos resultados,
mejora, retrocede o enfrenta dificultades persistentes
Es claro que, al
impedir la publicidad de los resultados de cada colegio, el sistema deja fuera
del debate público una información esencial: si los alumnos aprenden en la
escuela a la que concurren.
Durante años, la
Argentina evaluó sin informar lo suficiente. El argumento fue siempre el mismo:
evitar la estigmatización. Pero un sistema serio puede mostrar resultados sin
construir rankings groseros. Puede proteger identidades personales sin negar
información pública. Lo que no debería hacer es tratar a los padres como si no
tuvieran derecho a conocer la realidad.
Esta discusión no
aparece de la nada. Hace muchos años que lo propongo en diversas columnas que
he publicado en este mismo espacio; en las cuales he remarcado que el artículo
97 de la Ley 26.206 impide esa difusión, y que modificarlo es indispensable.
Por cierto, el presidente Javier Milei lo había propuesto en el Proyecto de Ley
Bases presentado al inicio de su gestión, el 27 de diciembre de 2023.
La libertad
educativa no se agota en el financiamiento ni en la posibilidad formal de
elegir una institución. Para que esa elección sea real hacen falta opciones,
recursos e información. Sin opciones, la libertad es apenas declarativa. Sin
recursos, queda reservada a quienes pueden pagarla. Sin información, se ejerce
a ciegas.
La Ley de
Libertad Educativa debe ser defendida porque se anima a discutir el statu quo.
Un sistema que quiere mejorar no debería esconder sus resultados. Y una ley que
reconoce a los padres como actores centrales de la educación debe garantizarles
algo elemental: el derecho a saber.
Publicado en Ámbito Financiero.
