Ignacio Delfino
Ignacio Delfino. Es Licenciado en Relaciones Internacionales y Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por el Departamento de Economía Aplicada V de la Universidad Complutense de Madrid.
En los tiempos que corren, el estatista rara vez se presenta
de forma frontal y dice: «Creo que corresponde al Estado decidirlo». Es mucho
más sutil. Su sesgo se filtra en las preguntas que formula, en las categorías
con las que interpreta la realidad y, sobre todo, en aquello que da por sentado
antes de que el debate siquiera comience. Muchas veces, la verdadera carga
ideológica no está en la respuesta, sino en la pregunta que se decide plantear.
Después del fracaso rotundo del modelo estatista que durante
décadas hundió a la Argentina en la inflación, la pobreza y el estancamiento,
pocos se atreven ya a defenderlo abiertamente. Pero dejar de reivindicar una
etiqueta no significa abandonar una convicción.
El estatismo puede sobrevivir disfrazado de preocupación
social, defensa del empleo, protección de sectores vulnerables o cualquier otra
causa que vuelva a colocar al Estado como respuesta inevitable. Así, convierte
los costos de abandonar sus propias recetas en argumentos para volver a ellas.
Cuando pregunta dónde está y cuándo se producirá el
«derrame», quiénes son los «ganadores» y los «perdedores» de un modelo
económico, qué sectores productivos y empresas deben ser socorridos ante la
posibilidad de desaparecer o qué trabajadores deben ser protegidos ante la
posibilidad de perder su empleo, parece estar planteando interrogantes
técnicos. Pero muchas de esas preguntas ya contienen una respuesta implícita:
que la riqueza debe ser redistribuida, que las actividades amenazadas deben ser
protegidas y que, allí donde aparece una necesidad «social», necesariamente
debe ser el Estado quien intervenga para satisfacerla.
Señalar que la actividad, el consumo o el empleo se mueven
en una determinada dirección durante algunos meses puede ser estadísticamente
correcto; utilizar esos datos para descalificar una transformación económica de
fondo es intelectualmente mucho más cuestionable. Ese es el modus operandi del
estatista: escoger los indicadores que alimentan su relato, magnificar los
costos inmediatos, minimizar los cambios estructurales y omitir aquello que
contradice su diagnóstico. No se trata ya de interpretar los datos, sino de
utilizarlos selectivamente para preservar una conclusión previa: que el mercado
no puede resolver por sí mismo los problemas que el propio intervencionismo
contribuyó a crear. La cerrazón estatista está precisamente ahí: en
convertir cada dificultad transitoria en una acusación contra la reforma y cada
resultado favorable en una excepción que debe relativizarse. Un sesgo
estatista que, por otra parte, está presente en casi todos los medios de
comunicación argentinos, cuya cobertura suele reproducir, con llamativa
persistencia, ese mismo criterio de interpretación.
Ortega y Gasset describió al
argentino como un hombre «a la defensiva», demasiado pendiente de su
posición y de sus circunstancias para enfrentarse directamente con «las cosas».
Algo de esa actitud parece sobrevivir hoy en buena parte de los medios de
comunicación, periodistas, economistas e intelectuales que analizan la
gestión de Milei: ante el fracaso del estatismo, en lugar de revisar sus
propias ideas, se aferran a los costos de la reforma para cuestionarla.
Tomemos el célebre «derrame». Se habla de
crecimiento, inversiones, exportaciones, petróleo, gas, minería o actividad
agropecuaria, y acto seguido aparece la pregunta: «¿Cuándo se va a derramar
sobre el resto de la sociedad?». La metáfora parece inocente, pero dibuja una
economía en la que unos producen y acumulan arriba mientras otros esperan abajo
a que algo termine cayendo. La macroeconomía no ocurre al margen de la
economía real: la pregunta debería ser qué mecanismos vinculan la
estabilidad macroeconómica con la inversión, la productividad, el empleo y los
salarios. Una inversión petrolera necesita trabajadores, maquinaria,
construcción, transporte, seguros, financiación, ingeniería, tecnología y
cientos de proveedores. Esos proveedores necesitan, a su vez, otros proveedores
y trabajadores. Parte de los salarios se destina al consumo, y ese consumo
genera nuevas actividades.
No hay, por tanto, una copa que se llena y luego rebalsa:
hay una interminable red de intercambios. La pregunta relevante no es cuánto
«derrama» una actividad, sino qué oportunidades, inversiones, empleos, empresas
e intercambios genera. Cambiar una pregunta por otra no es un juego de
palabras. Es cambiar la forma de entender cómo funciona una economía.
Algo parecido ocurre cuando se habla de las «dos
velocidades» de la Argentina. Por un lado están los sectores más expuestos
a la competencia internacional: agricultura, ganadería, minería, petróleo y
gas. Venden, en buena medida, a precios internacionales, necesitan reducir
costos, incorporar tecnología, atraer capital y mejorar permanentemente su
productividad. Por otro, existen actividades mucho más dependientes del mercado
interno que han convivido durante décadas con aranceles, regulaciones,
subsidios, restricciones a las importaciones y sucesivas devaluaciones.
Frente a esta diferencia, una interpretación habitual
sostiene que el Estado debe cerrar la brecha y ayudar a los sectores rezagados.
Pero existe otra pregunta, quizá más profunda: ¿por qué esos sectores siguen
siendo rezagados y qué les impide cambiar de velocidad? Si una empresa recibe
durante años protección frente a la competencia, crédito subsidiado, ventajas
regulatorias o un mercado cautivo, esas condiciones no son neutrales.
Transmiten señales. Y empresarios, trabajadores e inversores responden a esas
señales. Si una actividad que no sería rentable en condiciones competitivas
puede sobrevivir gracias a la protección, los recursos pueden permanecer
asignados allí. El problema puede no ser que algunos sectores sean demasiado
lentos, sino que durante décadas se haya dificultado que el capital y el
trabajo se desplacen hacia actividades más productivas.
De ahí surge otra de las críticas recurrentes: el modelo
económico «beneficia solamente a unos pocos sectores» y deja fuera a la
mayoría de los trabajadores y empresarios. Pero esa afirmación puede confundir
beneficio directo con actividad económica. Una empresa petrolera no solamente
emplea a quienes trabajan en un yacimiento: demanda construcción, transporte,
servicios profesionales, tecnología, seguros, financiación y equipamiento. Lo
mismo sucede con la minería, el agro o la ganadería. Una economía no está
dividida en compartimentos estancos.
No existe un número fijo de empleos que una economía deba
preservar en determinadas actividades para ser «inclusiva». Una estructura
productiva no es un museo: cambia constantemente. Algunos empleos desaparecen,
aparecen otros; algunas empresas crecen y otras dejan de existir. La cuestión
no es preservar cada puesto existente, sino crear las condiciones para que los
recursos liberados puedan encontrar nuevos usos productivos.
Aquí surge una de las mayores confusiones del debate:
identificar protección con inclusión. Una fábrica
puede conservar puestos de trabajo gracias a un arancel, pero ese arancel tiene
un costo. Lo paga el consumidor mediante un precio más alto, otra empresa que
utiliza ese producto como insumo, el contribuyente que financia un subsidio o,
de manera más difusa, toda la economía mediante una menor productividad. El
beneficio puede quedar concentrado mientras el costo se distribuye entre
millones. Basta con entrar en cualquier supermercado: después de décadas de
protección, hemos normalizado pocas marcas, escasas alternativas, productos que
no se consiguen y precios elevados. ¿Qué clase de inclusión económica y social
es esa en la que millones de consumidores y contribuyentes deben pagar el costo
de sostener a quienes no pueden competir por sí mismos? Y cuando el Gobierno
intenta romper ese esquema y abrir una economía que durante décadas ha vivido
detrás de barreras y restricciones, aparece inmediatamente la denuncia de una «apertura
indiscriminada».
Escuchamos y leemos con frecuencia en buena parte de los
medios de comunicación la expresión «crecimiento sin empleo». Cuando una
actividad aumenta su producción pero no incorpora trabajadores en la misma
proporción, suele presentarse como una contradicción: ¿de qué sirve crecer si
no se crean puestos de trabajo? Pero el objetivo de una economía no es mantener
ocupada a la mayor cantidad posible de personas en las mismas actividades, sino
utilizar de la manera más productiva posible el trabajo y el capital
disponibles. Si una empresa incorpora tecnología y produce lo mismo con menos
trabajadores, esos puestos desaparecen allí, pero los trabajadores pueden
desplazarse hacia otras actividades.
La misma lógica aparece cuando se afirma que determinadas
necesidades —educación, salud, jubilaciones o asistencia a personas en
situación de pobreza— no pueden quedar «libradas al mercado». La frase
parece cerrar la discusión, cuando en realidad debería abrirla.
Que una sociedad considere que nadie debe quedar sin
educación o asistencia sanitaria no demuestra que el Estado tenga que producir
directamente esos servicios. Financiar no es producir y garantizar el acceso no
es gestionar o administrar. Es posible discutir mecanismos de elección
colectiva que aseguren determinados resultados sin asumir de antemano que una
estructura estatal es la única forma de alcanzarlos. Sin embargo, en el debate
argentino la pregunta suele formularse al revés: «¿Qué hará el Estado para
solucionar esto?». Y así, la solución estatal queda incorporada al problema
antes de haber demostrado que sea la respuesta necesaria.
Algo parecido ocurre con la pobreza. Si una política
económica elimina subsidios, reduce empleos sostenidos artificialmente o
corrige precios que habían sido mantenidos por debajo de niveles de mercado,
inmediatamente se pregunta cuántas personas resultarán afectadas y qué hará el
Estado para compensarlas. Es una pregunta legítima, pero incompleta. También habría
que preguntar cuánto cuesta mantener el sistema anterior, quién lo financia,
qué incentivos genera y qué oportunidades bloquea.
La experiencia reciente de Argentina permite, además,
formular otra pregunta: ¿qué sucede con la pobreza cuando se modifican algunas
de las condiciones que contribuyen a generarla? Entre el primer semestre de
2024 y el primer semestre de 2026, la pobreza medida por el INDEC pasó del 52,9
% al 32,3 %. La inflación, por su parte, había alcanzado el 211,4 % en 2023 y
cerró 2025 en el 31,5 %. Estos datos no permiten atribuir la caída de la
pobreza a una única causa, pero sí invitan a revisar una idea frecuente: que
retirar determinadas intervenciones necesariamente conduce a más pobreza. Esto
es relevante porque las causas de la pobreza tampoco se interpretan de la misma
manera. Allí donde una mirada pone el acento en la insuficiencia de protección,
otra puede buscar las raíces en la inflación, las distorsiones y los obstáculos
que dificultan la creación de riqueza y empleo productivo.
También merece especial atención la manera en que se
utiliza el consumo como «termómetro» de la economía. Las ventas en
supermercados, restaurantes, centros comerciales o automóviles ofrecen
información valiosa, pero con frecuencia terminan funcionando como una medida
casi total de la situación económica: si el consumo cae, la economía «no
arranca»; si aumenta, «se recupera». Sin embargo, consumir no es producir, y un
aumento del consumo no implica necesariamente una mejora de la capacidad productiva.
El consumo puede crecer mediante endeudamiento o gracias a un aumento temporal
de la capacidad de gasto, mientras la inversión y la productividad pueden estar
aumentando aunque el consumo se modere. Por eso, la pregunta no debería ser
solamente qué hará el Estado para reactivar el consumo, sino qué está
ocurriendo con el ahorro, la inversión, los precios relativos y la
productividad, y qué señales están recibiendo quienes deciden dónde asignar sus
recursos.
El debate sobre la gestión económica de Milei no debería
reducirse a una sucesión de indicadores, aunque los indicadores sean
indispensables. También habría que discutir desde qué concepción de la economía
estamos interpretándolos. Si una empresa deja de recibir un subsidio, puede
describirse como perjudicada; también puede preguntarse qué recursos quedan
disponibles para otros usos. Si cae una actividad protegida, puede hablarse de
destrucción de empleo; también puede analizarse qué nuevas actividades podrían
absorber esos recursos laborales. Si aumentan las exportaciones de petróleo,
minería o agro, puede preguntarse cuántos trabajadores están empleados
directamente en esos sectores; también puede observarse toda la red de empresas
y servicios que esas actividades hacen posible. Los datos pueden ser los
mismos. Lo que cambia es el marco conceptual desde el que se los interpreta.
Y aquí llegamos al núcleo de la cuestión. Desenmascarar el
estatismo no significa buscarlo únicamente en las propuestas explícitas de
mayor intervención estatal. Significa reconocerlo allí donde resulta menos
evidente: en la formulación de las preguntas. Quizá
haya llegado el momento de invertir las preguntas. No preguntar primero qué
debe hacer el Estado, sino qué pueden hacer las personas, las empresas y las
organizaciones cuando pueden actuar y coordinarse libremente. No preguntar
cuánto debe «derramar» una inversión, sino qué intercambios genera. No
preguntar cómo preservar cada empleo, sino cómo crear las condiciones para que
aparezcan otros. No preguntar únicamente quién pierde con una reforma, sino
también quién estaba pagando, hasta entonces, el costo de mantener el sistema
anterior.
Porque antes de discutir las respuestas económicas de Milei
convendría discutir algo todavía más básico: si algunas de las preguntas con
las que pretendemos juzgarlas no contienen ya, desde el principio, la respuesta
que estamos buscando. Al final, solo hay dos caminos: más Estado o más
libertad. No se engañen: no hay forma de eludir esa elección.
