Ignacio Delfino
Es Licenciado en Relaciones Internacionales y Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por el Departamento de Economía Aplicada V de la Universidad Complutense de Madrid.
Cuando la política se convierte en un cajón de sastre en el
que cabe prácticamente todo, el Estado acaba transformándose en una fuente de
financiación a la que acudir para obtener beneficios, subsidios, privilegios o
rentas a costa del conjunto de los contribuyentes.
Antes de la llegada de Javier Milei a la presidencia de
Argentina, esta lógica había arraigado profundamente en la vida política del
país. Muchas de estas demandas se justificaban apelando a causas nobles, como
si la legitimidad moral de los fines bastara para eximir de cualquier examen
los medios empleados y los costes que, en última instancia, recaían sobre los
demás.
Se reclama austeridad, salvo cuando están en juego los intereses
propios, y se exige la intervención del Estado cuando los resultados del
mercado no se ajustan a las expectativas particulares. Los beneficios se
presentan así como derechos adquiridos, mientras que los costes se trasladan al
contribuyente, al consumidor, al ahorrador o a las generaciones futuras. El
resultado es una lógica arbitraria e interesada que distingue entre unos y
otros según convenga, privatiza los beneficios y socializa las pérdidas, y
termina por presentar como moralmente legítima la defensa de intereses
particulares a costa de los demás.
Javier Milei ha cuestionado esta lógica desde su raíz. Su
planteamiento no consiste simplemente en administrar mejor el Estado, sino en
limitar su expansión y devolver a los individuos la capacidad de decidir sobre
sus propias vidas, sin que sus recursos queden sistemáticamente a merced de las
demandas ajenas. De cara a las próximas elecciones presidenciales, previstas
para 2027, la cuestión de fondo es si la política está dispuesta a reconocer
límites que no debería traspasar, incluso cuando respetarlos resulte
electoralmente costoso. En definitiva, se trata de determinar si existen
principios que deben prevalecer sobre la conveniencia política y si es posible
gobernar sin convertir el poder del Estado en un instrumento al servicio de
intereses particulares a costa del conjunto de la sociedad.
La libertad individual y el respeto a la propiedad
constituyen el punto de partida de cualquier sociedad verdaderamente libre.
Ninguna aspiración colectiva legitima por sí sola el uso de la coacción contra
ciudadanos pacíficos. La igualdad no puede imponerse a costa de la propiedad
ajena ni servir de pretexto para sacrificar la libertad en nombre de una
supuesta «justicia social». Que un objetivo se considere deseable, incluso por
una mayoría, no significa que cualquier medio para alcanzarlo sea legítimo.
También la política debe reconocer límites: ni la nobleza de los fines
justifica cualquier medio ni la voluntad de la mayoría convierte en justo todo
aquello que decide imponer a los demás.
La libertad necesita reglas estables y previsibles que
permitan a cada persona decidir sobre su vida, disponer de su propiedad y
emprender proyectos sin temor a que el Estado altere arbitrariamente las
condiciones en las que actúa. Cuando las normas se modifican al dictado de las
conveniencias políticas, se debilita la seguridad jurídica, se desalienta la
inversión y se somete la iniciativa individual a la incertidumbre del poder. El
Estado debe estar sujeto a reglas generales, conocidas y aplicables a todos, en
lugar de disponer de una libertad de acción que le permita alterar a voluntad
los planes y las decisiones de los ciudadanos.
Los precios, la competencia y los intercambios voluntarios
transmiten información, coordinan decisiones y permiten que millones de
personas cooperen sin necesidad de recibir instrucciones de una autoridad
central. Cuando el poder pretende sustituir sistemáticamente esas decisiones
por órdenes, controles y prohibiciones, no elimina los problemas: corre el
riesgo de alterar los incentivos, distorsionar las señales del mercado y crear
nuevos obstáculos. Así, una intervención concebida para resolver una dificultad
puede terminar agravándola o generando otras que, a su vez, se utilizan para
justificar nuevas intervenciones.
El gasto público no es gratuito porque lo apruebe un
parlamento. La deuda no desaparece porque sus consecuencias se trasladen al
futuro. La emisión monetaria no crea riqueza por decreto. Cada compromiso
financiado por el Estado tiene un coste que alguien termina soportando, aunque
quede oculto entre impuestos, inflación o cargas que recaerán sobre quienes
todavía no tienen voz en las decisiones de hoy.
Gobernar también consiste en decir que no, especialmente
cuando resulta más cómodo prometer que explicar quién pagará.
Pero el mayor desafío de Milei va mucho más allá de aplicar
estos principios durante su presidencia. Reducir el tamaño del Estado mientras
se gobierna es un logro significativo; conseguir que no vuelva a expandirse arbitrariamente
cuando se abandone el poder supondría una transformación mucho más profunda y
duradera. El verdadero cambio no consiste únicamente en limitar al Estado, sino
en establecer límites que perduren más allá de quien gobierna.
El objetivo debería ser institucionalizar esos límites
mediante un marco jurídico que someta la ampliación del gasto, la creación de
nuevas obligaciones y las restricciones de los derechos individuales a reglas
claras, controles efectivos y consecuencias definidas. Un sistema de
responsabilidad presupuestaria, seguridad jurídica y respeto a los derechos
fundamentales puede reducir el margen de arbitrariedad de quienes gobiernen en
el futuro.
Argentina conoció, especialmente entre finales del siglo XIX
y comienzos del XX, una etapa de notable crecimiento económico y prosperidad en
la que la apertura al comercio internacional, la inversión y la iniciativa
privada desempeñaron un papel relevante. Recuperar la confianza en la capacidad
de los ciudadanos para emprender, producir, intercambiar y construir su propio
futuro es una aspiración legítima. Pero la nostalgia, por sí sola, no construye
instituciones. La tarea consiste en asegurar que la libertad no dependa de una
coyuntura favorable ni de la presencia excepcional de un gobernante dispuesto a
defenderla.
Aquí reside la prueba definitiva del proyecto de Milei. Su
legado no debería medirse exclusivamente por la reducción del déficit, el
número de regulaciones eliminadas o el peso del gasto público en la economía.
Esos resultados importan, pero pueden revertirse. La verdadera medida del éxito
será comprobar si consigue dejar un país en el que resulte mucho más difícil
volver a recorrer el camino de la expansión estatal ilimitada. Ese sería el
legado más valioso: no un Estado reducido por la voluntad de un presidente,
sino unas instituciones capaces de impedir que cualquier presidente vuelva a
ampliarlo arbitrariamente.
Porque la libertad no queda asegurada cuando un gobernante
promete respetarla. Queda verdaderamente protegida cuando el poder, incluso en
manos de quienes aseguran utilizarlo para hacer el bien, encuentra límites que
no puede cruzar.
Sin embargo, ninguna transformación institucional será
suficiente si no va acompañada de un cambio en nuestra manera de entender la
responsabilidad como ciudadanos. Una sociedad libre no se sostiene cuando cada
uno busca recibir hoy lo que otros producirán mañana, sino cuando cada uno vive
de lo que produce y paga lo que consume.
Es comprensible que las cargas del presente pesen, que la
incertidumbre, las dificultades económicas y el esfuerzo de llegar a fin de mes
hagan difícil mirar más allá de las necesidades inmediatas. Pero una nación que
solo piensa en el presente termina consumiendo su futuro.
Cuando cada generación pretende vivir a costa de la
siguiente, el bienestar deja de ser una conquista y se convierte en una deuda
que otros tendrán que pagar.
Nuestros hijos y nuestros nietos no deberían heredar
nuestras promesas incumplidas, nuestras deudas ni un Estado cada vez más voraz.
Son personas con vidas y proyectos propios, y nadie les pidió su consentimiento
para comprometer su trabajo futuro. Tienen derecho a no ser gravados por
decisiones que no tomaron: a que el fruto de su esfuerzo les pertenezca a ellos
y no se destine a pagar lo que otros consumieron.
Esto exige, ante todo, honestidad y justicia: asumir que
cada uno debe pagar lo que consume, que una necesidad no crea por sí sola una
obligación para los demás y que quien gasta hoy con cargo a mañana está
cobrando por adelantado un trabajo ajeno. Abstenerse de ello no es un
sacrificio, sino la condición de una relación entre iguales basada en el
intercambio y no en el saqueo. Es, además, interés propio bien entendido: una
sociedad que hipoteca su porvenir destruye el marco de seguridad en el que cada
persona puede planificar su vida. No se trata de exigir privaciones a quienes
menos tienen, sino de reconocer que las decisiones colectivas tienen
consecuencias y que nadie puede trasladar legítimamente su coste a quienes no
participaron en ellas.
En este sentido, la reflexión de Ralph Waldo Emerson
adquiere una dimensión especialmente relevante. En The American Scholar (1837),
el filósofo estadounidense sostiene que «lo único de valor en el mundo es el
alma activa». Con esta idea reivindica la capacidad de cada persona para pensar
por sí misma, desarrollar su propio criterio y crear, en lugar de limitarse a
reproducir las ideas recibidas. Esta defensa de la iniciativa intelectual
conecta con una de las exigencias fundamentales de una sociedad libre: que cada
individuo pueda orientar su propia vida sin quedar sometido a la voluntad
arbitraria de otros.
Pero la autonomía individual no debe confundirse con la
indiferencia hacia los demás. Ser responsable de la propia vida implica
reconocer que nuestras decisiones también afectan a quienes nos rodean y a
quienes vendrán después. La libertad alcanza su dimensión más plena cuando se
ejerce con conciencia de sus consecuencias y sin pretender trasladar a otros el
coste de nuestras elecciones. Pensar por nosotros mismos también significa
preguntarnos qué sociedad estamos contribuyendo a dejar a quienes todavía no
pueden decidir por sí mismos.
La verdadera justicia entre generaciones consiste en no
hipotecar el trabajo ni la libertad de quienes aún no pueden participar en
nuestras decisiones. Consiste en dejarles instituciones que protejan los
derechos individuales, cuentas públicas saneadas y un horizonte en el que el
esfuerzo personal vuelva a ser una vía para prosperar.
La responsabilidad de pensar más allá de nosotros mismos no
exige renunciar a nuestras aspiraciones, sino comprender que no tenemos derecho
a satisfacerlas todas a costa de quienes vendrán después.
Porque pensar más allá de nosotros mismos significa, en
última instancia, aceptar que la libertad que disfrutamos hoy también es una
responsabilidad: la de no comprometer la libertad de quienes tendrán que vivir
mañana.