Defendiendo la
Libertad en Argentina
desde 1998

La responsabilidad de pensar más allá de nosotros mismos

Ignacio Delfino
Es Licenciado en Relaciones Internacionales y Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por el Departamento de Economía Aplicada V de la Universidad Complutense de Madrid.


Cuando la política se convierte en un cajón de sastre en el que cabe prácticamente todo, el Estado acaba transformándose en una fuente de financiación a la que acudir para obtener beneficios, subsidios, privilegios o rentas a costa del conjunto de los contribuyentes.

Antes de la llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina, esta lógica había arraigado profundamente en la vida política del país. Muchas de estas demandas se justificaban apelando a causas nobles, como si la legitimidad moral de los fines bastara para eximir de cualquier examen los medios empleados y los costes que, en última instancia, recaían sobre los demás.

Se reclama austeridad, salvo cuando están en juego los intereses propios, y se exige la intervención del Estado cuando los resultados del mercado no se ajustan a las expectativas particulares. Los beneficios se presentan así como derechos adquiridos, mientras que los costes se trasladan al contribuyente, al consumidor, al ahorrador o a las generaciones futuras. El resultado es una lógica arbitraria e interesada que distingue entre unos y otros según convenga, privatiza los beneficios y socializa las pérdidas, y termina por presentar como moralmente legítima la defensa de intereses particulares a costa de los demás.

Javier Milei ha cuestionado esta lógica desde su raíz. Su planteamiento no consiste simplemente en administrar mejor el Estado, sino en limitar su expansión y devolver a los individuos la capacidad de decidir sobre sus propias vidas, sin que sus recursos queden sistemáticamente a merced de las demandas ajenas. De cara a las próximas elecciones presidenciales, previstas para 2027, la cuestión de fondo es si la política está dispuesta a reconocer límites que no debería traspasar, incluso cuando respetarlos resulte electoralmente costoso. En definitiva, se trata de determinar si existen principios que deben prevalecer sobre la conveniencia política y si es posible gobernar sin convertir el poder del Estado en un instrumento al servicio de intereses particulares a costa del conjunto de la sociedad.

La libertad individual y el respeto a la propiedad constituyen el punto de partida de cualquier sociedad verdaderamente libre. Ninguna aspiración colectiva legitima por sí sola el uso de la coacción contra ciudadanos pacíficos. La igualdad no puede imponerse a costa de la propiedad ajena ni servir de pretexto para sacrificar la libertad en nombre de una supuesta «justicia social». Que un objetivo se considere deseable, incluso por una mayoría, no significa que cualquier medio para alcanzarlo sea legítimo. También la política debe reconocer límites: ni la nobleza de los fines justifica cualquier medio ni la voluntad de la mayoría convierte en justo todo aquello que decide imponer a los demás.

La libertad necesita reglas estables y previsibles que permitan a cada persona decidir sobre su vida, disponer de su propiedad y emprender proyectos sin temor a que el Estado altere arbitrariamente las condiciones en las que actúa. Cuando las normas se modifican al dictado de las conveniencias políticas, se debilita la seguridad jurídica, se desalienta la inversión y se somete la iniciativa individual a la incertidumbre del poder. El Estado debe estar sujeto a reglas generales, conocidas y aplicables a todos, en lugar de disponer de una libertad de acción que le permita alterar a voluntad los planes y las decisiones de los ciudadanos.

Los precios, la competencia y los intercambios voluntarios transmiten información, coordinan decisiones y permiten que millones de personas cooperen sin necesidad de recibir instrucciones de una autoridad central. Cuando el poder pretende sustituir sistemáticamente esas decisiones por órdenes, controles y prohibiciones, no elimina los problemas: corre el riesgo de alterar los incentivos, distorsionar las señales del mercado y crear nuevos obstáculos. Así, una intervención concebida para resolver una dificultad puede terminar agravándola o generando otras que, a su vez, se utilizan para justificar nuevas intervenciones.

El gasto público no es gratuito porque lo apruebe un parlamento. La deuda no desaparece porque sus consecuencias se trasladen al futuro. La emisión monetaria no crea riqueza por decreto. Cada compromiso financiado por el Estado tiene un coste que alguien termina soportando, aunque quede oculto entre impuestos, inflación o cargas que recaerán sobre quienes todavía no tienen voz en las decisiones de hoy.

Gobernar también consiste en decir que no, especialmente cuando resulta más cómodo prometer que explicar quién pagará.

Pero el mayor desafío de Milei va mucho más allá de aplicar estos principios durante su presidencia. Reducir el tamaño del Estado mientras se gobierna es un logro significativo; conseguir que no vuelva a expandirse arbitrariamente cuando se abandone el poder supondría una transformación mucho más profunda y duradera. El verdadero cambio no consiste únicamente en limitar al Estado, sino en establecer límites que perduren más allá de quien gobierna.

El objetivo debería ser institucionalizar esos límites mediante un marco jurídico que someta la ampliación del gasto, la creación de nuevas obligaciones y las restricciones de los derechos individuales a reglas claras, controles efectivos y consecuencias definidas. Un sistema de responsabilidad presupuestaria, seguridad jurídica y respeto a los derechos fundamentales puede reducir el margen de arbitrariedad de quienes gobiernen en el futuro.

Argentina conoció, especialmente entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, una etapa de notable crecimiento económico y prosperidad en la que la apertura al comercio internacional, la inversión y la iniciativa privada desempeñaron un papel relevante. Recuperar la confianza en la capacidad de los ciudadanos para emprender, producir, intercambiar y construir su propio futuro es una aspiración legítima. Pero la nostalgia, por sí sola, no construye instituciones. La tarea consiste en asegurar que la libertad no dependa de una coyuntura favorable ni de la presencia excepcional de un gobernante dispuesto a defenderla.

Aquí reside la prueba definitiva del proyecto de Milei. Su legado no debería medirse exclusivamente por la reducción del déficit, el número de regulaciones eliminadas o el peso del gasto público en la economía. Esos resultados importan, pero pueden revertirse. La verdadera medida del éxito será comprobar si consigue dejar un país en el que resulte mucho más difícil volver a recorrer el camino de la expansión estatal ilimitada. Ese sería el legado más valioso: no un Estado reducido por la voluntad de un presidente, sino unas instituciones capaces de impedir que cualquier presidente vuelva a ampliarlo arbitrariamente.

Porque la libertad no queda asegurada cuando un gobernante promete respetarla. Queda verdaderamente protegida cuando el poder, incluso en manos de quienes aseguran utilizarlo para hacer el bien, encuentra límites que no puede cruzar.

Sin embargo, ninguna transformación institucional será suficiente si no va acompañada de un cambio en nuestra manera de entender la responsabilidad como ciudadanos. Una sociedad libre no se sostiene cuando cada uno busca recibir hoy lo que otros producirán mañana, sino cuando cada uno vive de lo que produce y paga lo que consume.

Es comprensible que las cargas del presente pesen, que la incertidumbre, las dificultades económicas y el esfuerzo de llegar a fin de mes hagan difícil mirar más allá de las necesidades inmediatas. Pero una nación que solo piensa en el presente termina consumiendo su futuro.

Cuando cada generación pretende vivir a costa de la siguiente, el bienestar deja de ser una conquista y se convierte en una deuda que otros tendrán que pagar.

Nuestros hijos y nuestros nietos no deberían heredar nuestras promesas incumplidas, nuestras deudas ni un Estado cada vez más voraz. Son personas con vidas y proyectos propios, y nadie les pidió su consentimiento para comprometer su trabajo futuro. Tienen derecho a no ser gravados por decisiones que no tomaron: a que el fruto de su esfuerzo les pertenezca a ellos y no se destine a pagar lo que otros consumieron.

Esto exige, ante todo, honestidad y justicia: asumir que cada uno debe pagar lo que consume, que una necesidad no crea por sí sola una obligación para los demás y que quien gasta hoy con cargo a mañana está cobrando por adelantado un trabajo ajeno. Abstenerse de ello no es un sacrificio, sino la condición de una relación entre iguales basada en el intercambio y no en el saqueo. Es, además, interés propio bien entendido: una sociedad que hipoteca su porvenir destruye el marco de seguridad en el que cada persona puede planificar su vida. No se trata de exigir privaciones a quienes menos tienen, sino de reconocer que las decisiones colectivas tienen consecuencias y que nadie puede trasladar legítimamente su coste a quienes no participaron en ellas.

En este sentido, la reflexión de Ralph Waldo Emerson adquiere una dimensión especialmente relevante. En The American Scholar (1837), el filósofo estadounidense sostiene que «lo único de valor en el mundo es el alma activa». Con esta idea reivindica la capacidad de cada persona para pensar por sí misma, desarrollar su propio criterio y crear, en lugar de limitarse a reproducir las ideas recibidas. Esta defensa de la iniciativa intelectual conecta con una de las exigencias fundamentales de una sociedad libre: que cada individuo pueda orientar su propia vida sin quedar sometido a la voluntad arbitraria de otros.

Pero la autonomía individual no debe confundirse con la indiferencia hacia los demás. Ser responsable de la propia vida implica reconocer que nuestras decisiones también afectan a quienes nos rodean y a quienes vendrán después. La libertad alcanza su dimensión más plena cuando se ejerce con conciencia de sus consecuencias y sin pretender trasladar a otros el coste de nuestras elecciones. Pensar por nosotros mismos también significa preguntarnos qué sociedad estamos contribuyendo a dejar a quienes todavía no pueden decidir por sí mismos.

La verdadera justicia entre generaciones consiste en no hipotecar el trabajo ni la libertad de quienes aún no pueden participar en nuestras decisiones. Consiste en dejarles instituciones que protejan los derechos individuales, cuentas públicas saneadas y un horizonte en el que el esfuerzo personal vuelva a ser una vía para prosperar.

La responsabilidad de pensar más allá de nosotros mismos no exige renunciar a nuestras aspiraciones, sino comprender que no tenemos derecho a satisfacerlas todas a costa de quienes vendrán después.

Porque pensar más allá de nosotros mismos significa, en última instancia, aceptar que la libertad que disfrutamos hoy también es una responsabilidad: la de no comprometer la libertad de quienes tendrán que vivir mañana.



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