Si existe un problema, no se atacan las causas sino los efectos. Y lo que no se puede controlar, se emparcha o se prohíbe. Esta regla, implícita en el gobierno de Cristina Kirchner, tiene múltiples aplicaciones. Vale para la violencia en el fútbol, donde se impide el ingreso a los partidos de hinchadas visitantes; o para el mercado paralelo del dólar, donde Guillermo Moreno prohíbe operar de hecho, como si se llevara la pelota.

Uno y otro caso demuestran que el Gobierno no es víctima de esos problemas, sino que contribuye a crearlos o a agravarlos. A través del Fútbol para Todos abastece de dinero a clubes que, sin rendir cuentas, pueden financiar a mafias (barrabravas), mientras cada fin de semana destina centenares de efectivos policiales para custodiar a los hinchas más violentos y evitar desmanes. Si ocurren, rara vez sus autores son detenidos, procesados o condenados. En estas condiciones, es difícil suponer que exista la decisión política de erradicar la violencia extrafutbolística.

La realidad resulta más extravagante en los mercados cambiarios. Allí no sólo se diluyó la frontera entre negocios lícitos e ilícitos sino que hasta las propias definiciones oficiales dejaron de tener sentido. Cuando se implantó el cepo cambiario, la AFIP pasó a elegir quién podía jugar (comprar dólares al tipo de cambio oficial) y quién no. Pero con criterios tan desconocidos que hasta un funcionario del área los comparó con "la fórmula de la Coca-Cola". En teoría, sólo existe en la órbita oficial el mercado único y libre (MULC), que en la práctica no es ni una cosa ni la otra, y ni siquiera funciona como mercado, ya que opera con un solo comprador: el Banco Central, que, sin embargo, no dejó de perder reservas. Y la proliferación de controles cambiarios provocó un desdoblamiento de hecho que potenció al blue como mercado libre, pero clandestino, que inicialmente el Gobierno ninguneó y luego prometió combatir. Hasta que la brecha cambiaria trepó a 100% y en el último mes terminó por convalidarlo, también de hecho, mediante una mezcla de medidas ortodoxas (ventas de la Anses de bonos en dólares, algo de moderación monetaria) y otras que sólo con buena voluntad podrían considerarse heterodoxas ("aprietes" de Moreno a las casas de cambio para atemorizarlas, paralizar operaciones y bajar las cotizaciones).

Este intervencionismo de facto hace que el secretario de Comercio Interior no sólo se ocupe de congelar precios en supermercados, sino también en un mercado informal como el paralelo, donde hasta decreta "feriados cambiarios". Y aunque los operadores dudan de que estas presiones tengan efectos duraderos (ante la mayor oferta de pesos por el pago de aguinaldos y el previsible aumento del gasto público preelectoral), quienes deben hacerse de dólares por necesidad o urgencia pagan cotizaciones más altas que en el blue, en otro mercado marginal aún menos transparente.

La misma necesidad y urgencia de divisas fue la que llevó al gobierno de CFK a sancionar en tiempo récord el controvertido blanqueo de dólares "negros" a partir del 1º de julio. Y la propia AFIP, que en el verano enviaba sabuesos a puertos y aeropuertos para interceptar la fuga de esos dólares, en este invierno les tenderá una alfombra roja para que regresen libres de impuestos. Sin embargo, al intervenir en el mercado blue, Moreno busca ganar tiempo hasta que debuten los Cedin, el "cuasi dólar" con formato de cheque -endosable sin límite de firmas ni plazo de vencimiento- que el BCRA entregará por los dólares que se blanqueen para reactivar el mercado inmobiliario y la construcción, aunque de paso podrá aplicarse a otros usos. De ahí que habría pactado con los operadores mayoristas devolverles la pelota con una mayor libertad de acción, a cambio de que actúen en la negociación secundaria de Cedin en pesos (lo cual creará un mercado cambiario más), para tratar de extender su vida útil antes de que sean presentados al BCRA para que los reconvierta en billetes verdes.

Aquí la pregunta del millón es cuántos dólares habrán de depositarse en los bancos para ser blanqueados gratuitamente. El resultado del blanqueo anterior (en 2009 se declararon 4000 millones de dólares, por los cuales debieron pagarse tasas de 1 a 8%) es sólo una referencia tentativa, ya que sólo obligaba a declarar esas divisas y era optativo depositarlas. Un informe de la consultora Empiria, dirigida por Hernán Lacunza, revela que entonces el monto depositado alcanzó a sólo 600 millones.

Sin embargo, toda esta parafernalia de controles, mercados múltiples, caída de reservas y premios a evasores para no convalidar las expectativas de una mayor devaluación, podría haberse evitado si el Gobierno hubiera dado respuesta a una pregunta mucho más simple: ¿cuántos argentinos con dólares están dispuestos a cambiarlos al tipo de cambio oficial (hoy en $ 5,32) y colocar los pesos a tasas de interés negativas frente a la inflación, sin recurrir al mercado paralelo?

Mucho antes de que surgiera la actual escasez de divisas en la economía, la obsesión del gobierno de CFK fue alterar los precios relativos y la ley de la oferta y la demanda. Esto terminó por afectar la inversión, la producción y la exportación de sectores con enormes ventajas comparativas, al hacer desaparecer ventajas competitivas. El resultado fue el creciente déficit energético y que se redujeran a una mínima expresión las exportaciones de trigo y de carnes, sin que los precios dejaran de subir en los otros eslabones de la cadena, debido a la inflación que el Gobierno se empeña en desconocer y a la mayor presión tributaria nacional, provincial y municipal. Lo mismo ocurre en la mayoría de las economías regionales. Éste es el motivo del actual paro de comercialización agropecuaria.

Por si fuera poco, hasta las internas políticas amenazan en Santa Cruz a una actividad netamente exportadora como la minería. Asfixiado por el corte de fondos desde la Casa Rosada, el gobernador Daniel Peralta acaba de sancionar por ley un "impuestazo" para recaudar unos 500 millones de pesos anuales, que deberán aportar las tres grandes compañías extranjeras radicadas en la provincia, justo cuando vienen declinando los precios de los minerales (oro y plata) que venden al exterior. Esa ley de emergencia tiene tres componentes insólitos. Uno es que establece un impuesto inmobiliario cuya base imponible es el valor bruto de las reservas declaradas por las empresas. Esto implica que cuanto más inviertan para descubrirlas más deberán pagar, lo cual pone en riesgo además la inversión de 1250 millones de dólares de una cuarta compañía (Cerro Negro), que prevé entrar en operación para 2014. El segundo componente es que este gravamen inmobiliario no sólo carece de antecedentes en el mundo, ya que se aplicará sobre el subsuelo de tierras pertenecientes al estado provincial (concesionadas al sector privado) sino que, además, viola la estabilidad tributaria establecida en la ley nacional de inversiones mineras, a la que adhirió Santa Cruz. Y, por último, que el impuesto fue apoyado por el bloque opositor de La Cámpora, que, sin embargo, votó en contra de otro artículo que aumentaba el impuesto al juego en la provincia y, por lo tanto, no será aplicado..