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La autoridad se complace en decir que la economía chilena no está tan mal, comparada con Latinoamérica. Elige una mala vara para medirnos. Hace décadas que el continente no logra salir de su círculo vicioso político-económico que lo empobrece cada año. Es el continente de la esperanza frustrada. Asia, que se sumía en la miseria, lo ha dejado atrás; basta para ello ver lo que han logrado Corea del Sur, Taiwán, Singapur, China, e incluso India.

No sólo se queda atrás respecto a países pobres que crecen velozmente. En 1980, a poder de paridad de compra EE.UU. tenía un per cápita 2,7 veces mayor que el continente y en 2014 alcanzaba a 3,5 veces. Chile es una excepción, ya que gracias a un círculo virtuoso de crecimiento es uno de los pocos que acortan la brecha del 27% del PIB per cápita estadounidense al 42% en igual período.

Pero los sectores ideologizados que hoy guían el destino del país postulan que ese avance carece de importancia. Ello es falso, pero al repetirlo con insistencia y violencia están logrando que el país entre al círculo vicioso de nuestro continente. No importa que la evidencia diga lo contrario a lo que aseveran. Fuerzan el camino de la decadencia y están creando hitos sin retorno.

Como ejemplo de que las cifras económicas no son sólo números, sino que se reflejan en más y mejores vidas, es interesante la evolución del indicador de los años de vida potencialmente perdidos, AVPP, que representa los años de vida perdidos por las personas que fallecieron antes de alcanzar una edad meta. Los registros nacionales muestran que entre 1997 y 2012 nuestro país registró una caída considerable (89,5 a 71,6 AVPP por cada mil habitantes), lo que equivale a un 1,5% menos cada año. No se trata de números o bienes de consumo que algunos creen prescindibles, sino que de vidas humanas. Más aún, esta mejoría no ocurrió entre los más pudientes. Un estudio de Libertad y Desarrollo muestra que el indicador AVPP cada 1.000 habitantes mejora mucho más velozmente en las comunas de menos recursos que en las más pudientes, e incluso estas últimas se estancan en el tiempo. Los años perdidos se hacen cada vez más parecidos entre áreas ricas y pobres. De un valor de 1,51 veces en 2003 se llega a 1,22 veces el 2012. Si el país se hubiera mantenido en el círculo virtuoso, rápidamente se podría haber llegado a igualar este indicador entre ellas. El progreso no es sólo números, pues se trata de vidas humanas, y beneficia especialmente a los más desfavorecidos.

Pero la realidad no importa ante la obstinación ideológica y el país se aleja inexorablemente del círculo virtuoso. Nos enorgullecemos de tasas de crecimiento proyectadas para el 2015 que bordean el 3%. De allí al estancamiento crónico hay un solo paso.

Esta tendencia económica tiene su correlato en la evolución de las políticas públicas y transformación de las instituciones que Chile hoy también copia al continente: la concentración de la toma de decisión en los gobernantes y no en los ciudadanos, y la creación de un círculo de hierro que les permite a los líderes de turno monopolizar el poder.

Luego de despojar a las familias de una libertad tan primordial como la de elegir dónde educar a sus hijos, hoy se avanza a la entrega de los derechos de los trabajadores a las cúpulas sindicales. Las inspiraciones van desde la fascista carta del Lavoro de 1927 a la noción marxista de "las relaciones contractuales entre el capital y el trabajo". Todos los argumentos son falaces, y no hay un solo ejemplo exitoso en la historia. Se postula que es la acción sindical la que consigue mejoras a los trabajadores cuando ello sólo se logra con productividad, y con ese argumento se les da a los sindicatos un poder monopólico para decidir a quién otorgan los supuestos beneficios. La realidad es inversa. Dados los privilegios sindicales, los empleadores se abstienen muchas veces de avanzar en mejoras laborales a la espera de las negociaciones formales por razones tácticas y prácticas.

La lista de proyectos por la que perdemos libertades es larga. En estos días en particular hemos visto avances en el ámbito de cambios institucionales para monopolizar el poder político. El sistema electoral diseñado a conveniencia de los políticos de hoy está a pasos de promulgarse. Fundamentalmente impide el control ciudadano, ya que con el sistema de listas de varios candidatos se elige a quien no se conoce. El poder de los votantes pasa así a los líderes políticos que arman las listas o que las encabezan, cuando el mejor control es que los votantes tengan claro a quién elegirán y seguirlo una vez en el cargo.

El financiamiento público a la política es el otro elemento que permite la captura del poder por parte de los líderes de turno. Es en gran medida inmoral, ya que usa recursos obtenidos por la fuerza para financiar a candidatos que no queremos apoyar. Los que nos deben convencer para representarnos nos quitan recursos para hacer su propia propaganda. Los argumentos contra el financiamiento privado son equivocados. Argumentan que el dinero tiene una injerencia inadecuada y genera corrupción, cuando los estudios muestran que los votos de los legisladores dependen de sus propias creencias y de las preferencias de los votantes y partidos, y no de los aportes. Es lógico, pues son los votos y no los pesos los que se colocan en las urnas, y no tiene sentido contrariar a los votantes por una contribución que sólo puede ser usada para conquistarlos de nuevo. Para lo que sirve el financiamiento privado es para colocar en la agenda pública temas que son de interés de los ciudadanos, pero que no conviene a los políticos.

Respecto del argumento de corrupción, no olvidemos que la esencia del gobierno representativo es que los funcionarios elegidos se encarguen de interceder por las preocupaciones y visiones de quienes representan y los apoyan, sea en la calle, en la prensa o con dinero. En las sociedades modernas el dinero —y el tiempo— y la salud, la educación y la libertad de expresión son inseparables. Este tipo de comportamiento no es para nada cuestionable.

Pero el crecimiento inorgánico de los gobiernos lleva a situaciones, como parece ser el caso de Petrobras, donde se usa plata pública que debió tener empleo comercial para beneficio privado o partidista. Eso sí es condenable. La corrupción institucional de populismo y demagogia que puede generar el monopolio político y de expresión que facilita el financiamiento público es muy grave.

Más adelante se perfilan los cambios constitucionales para limitar los derechos de protección a las minorías y los ataques a la libertad de prensa.

El populismo crónico es el resultado final de este camino, como lo muestra la historia de varios países vecinos. La evolución económica y los cambios políticos convergen para hacernos cada vez más similares a Latinoamérica. A la autoridad parece satisfacerle. Para los chilenos es mala noticia.

Este artículo fue publicado originalmente en El Mercurio (Chile) el 26 de abril de 2015.