Una batería de propuestas para jerarquizar la Justicia argentina

Carlos Roberto Saad
Abogado ( U.B.A ). Master en Estrategia en Análisis del Mercado Jurídico. Derecho Empresario para Abogados (U.A.D.E). Master of Arts Program in Conflict Resolution ( The McGregor School of Antioch University - Fort Lauderdale - USA ). Titular y Director Jurídico.
La cita de Juan Bautista Alberdi, quien fuera un
político, jurista, y escritor argentino cuyo pensamiento fue la principal
influencia en la elaboración de la Constitución Argentina de 1853, por la que
se cosechó concordia tras años de enfrentamiento entre compatriotas, que reza:
“… el gobierno no ha sido creado para hacer ganancias, sino para hacer
justicia; no ha sido creado para hacerse rico, sino para ser el guardián y
centinela de los derechos del hombre, el primero de los cuales es el derecho al
trabajo, o bien sea la libertad de industria..” de modo unívoco rige y
estructura todas y cada una de las concepciones del Protocolo para la
Convivencia de los Argentinos en el Siglo XXI, que implica una agenda que se
apoya en las mejores tradiciones nacionales para que nuestra República quite obstáculo
y permita desarrollar todas las potencialidades. Se trata del Plan de Gobierno
2011-2015 de Compromiso Federal que auspicia la candidatura a la primera
magistratura de su conductor, el Dr. Alberto Rodríguez Saa, a quien tengo el
inmenso privilegio de acompañar e impulsar.
Como hombre del derecho y con casi cuatro décadas de
ejercicio profesional, concibo que un gobierno es una necesidad de
civilización, porque es instituido para dar a cada gobernado la seguridad de su
vida y de su propiedad. Esta seguridad se llama y es la libertad, y reasegura
con una necesaria reforma integral del sistema judicial argentino, que
comenzaremos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, generando un paradigma
mundial.
Bajo los auspicios del gobierno del Dr. Alberto Rodríguez
Saa, se realizarán profundas reformas estructurales a fin de intentar lograr en
un breve lapso de tiempo los siguientes objetivos para jerarquizar la función
jurisdiccional, asegurando un gran salto de calidad institucional:
Como es imprescindible la coordinación de la formación
universitaria de los abogados, se fomentará el dictado de cursos de
capacitación de posgrado en todas las universidades del país, dando
herramientas y dotando a los futuros profesionales de herramientas concretas
para el desarrollo exitoso de su actividad profesional, luego que entre las
casas de altos estudios se coordine un sistema de acreditación profesional que
estimule la formación y perfeccionamiento continuo, y a la vez que éstas
coadyuven en la tarea de capacitación de los integrantes del Poder Judicial,
donde la selección, designación y remoción de magistrados sea una atribución de
un probo Consejo de la Magistratura, que será reformado para que se garantice
que el partido dominante no pueda designar o remover jueces por sí sola, ni
pueda trabar designaciones o remociones.
Eliminaremos el flagelo de la costosa e inmoral
corrupción, que además tendrá nombres propios, porque se acabará el reino de la
impunidad bajo el gobierno del Dr. Alberto Rodríguez Saa. Existen en nuestro
país organismos encargados del tema, tales como la Oficina Anticorrupción, la
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, la Unidad de Información
Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Ética Pública. Les daremos la
independencia imprescindible para su cabal operatividad.
Mejoraremos la Gestión Judicial, a través de reformas
procesales en materia civil y comercial a fin de asegurar que todos los
procesos sean dinámicos y rápidos, mediante un procedimiento simple y accesible
a los litigantes.
A tales fines se instrumentará el procedimiento oral en
todos los juicios. Los juicios tendrán un plazo de duración, el cual no se
podrá exceder. En caso de que esto ocurra el juez desestimará las pruebas
pendientes que no sean esenciales y dictará sin más trámite la sentencia.
Se crearán Tribunales para Causas de Menor Cuantía, con
procedimientos simples y trámites abreviados y económicos, garantizando de este
modo a todos los ciudadanos el libre acceso a una verdadera justicia y evitando
los “cuello de botella” que se producen cuando el juez como único encargado de
dictar sentencias, por lo que se crearán distintos tribunales, según la
importancia del asunto en debate.
De tal modo que las de menor cuantía estarán a cargo de
un juez unipersonal, y las intermedias a cargo de tribunales colegiados y las
de mayor importancia a cargo de Magistrados pero además con el procedimiento
previsto en la Constitución Nacional de juicios por jurados, pero con la
revolucionaria e innovadora idea de jurados letrados (el número de jurados será
de ocho pero no legos sino letrados, por causas que se explicarán en extenso en
forma verbal cuando así se requiera).
En materia penal, la Justicia tendrá medios y recursos e
infraestructura para tender a la agilidad, a fin de que quien delinque cumpla
efectivamente su condena y no sea un peligro para el resto de la sociedad al
quedar libre antes de tiempo.
Se reformulará además el régimen de prisión preventiva a
fin de que ésta efectivamente se cumpla. Concretaremos una profunda modificación
del sistema carcelario, respetando la dignidad humana de los reclusos y
garantizando el principio constitucional de cárceles sanas y limpias,
eliminando cualquier privilegio dentro de las cárceles y con agentes del
servicio penitenciarios sujetos a control y auditoría permanente.
En el procedimiento de Ejecución de Sentencias contra el
Estado, las mismas serán cumplidas en un plazo razonable mediante un trámite
sencillo garantizando la automatización en su pago, eliminando la posibilidad
de corrupción en la discrecionalidad en la emisión de las órdenes de pago.
Quizás la propuesta más revolucionaria que mencioné
anteriormente será la implementación del Juicio por Jurados. El art. 118
establece la aplicación de juicios por jurados para “todos los juicios
criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de acusación concedido en
la Cámara de Diputados…”
coincidentemente con lo dispuesto en el art. 24 al expresar que “El
congreso promoverá la reforma de la actual legislación en sus ramos, y el establecimiento
del juicio por jurados”.
El postulado se basa en un ideal de justicia y de
independencia en su ejercicio. Consiste en la posibilidad que un grupo de
ciudadanos pueda determinar la culpabilidad o inocencia de un acusado,
debiéndose expedir sobre los hechos y no sobre el derecho aplicable, aspecto
este último que se encuentra en cabeza del juez.
La disposición ha sido mantenida incluso después de la
reforma constitucional de 1994, en la última parte del inc. 12 del art. 75 de
la Constitución Nacional, que asigna como facultad del Congreso de la Nación la
de dictar las leyes “…que requiere el establecimiento de juicios por jurados”.
Como vemos la abundancia de normas en nuestra
Constitución Nacional referidas al tema, manifiesta una intención indudable del
constituyente de hacer realidad este sistema de justicia, sin perjuicio de lo
cual a la fecha, ese mandato continúa incumplido.
Se propone por tanto impulsar el sistema de juicio por
jurados, limitado en una primera instancia a procesos delictuales de menor
envergadura o a determinadas figuras penales y luego extendiéndolo al resto de
los procesos. Estos jurados estarían formados por abogados de la matrícula y
por empleados, y, funcionarios judiciales con título de abogado de todos los
fueros -en cuantía a determinar- conforme listados llevados al efecto por el
Ministerio de Justicia o la Corte Suprema. La participación sería obligatoria y
remunerada.
De este modo, más allá de cumplir la manda constitucional
de creación de los jurados, se descomprimiría la labor judicial y se fomentaría
la independencia e imparcialidad de su accionar.
Profundizaremos y fomentaremos los medios alternativos de
resolución de controversias, estudiando la aplicación del principio de
oportunidad en materia penal.
La ley 24.573 (y su decreto reglamentario) instituye,
desde 1995, y actualmente la ley 26.589 (y decreto reglamentario) con carácter
obligatorio la mediación previa como requisito para el inicio de acciones
judiciales.
La propuesta consiste en redoblar el apoyo a medios de
resolución de conflictos, por medio de la capacitación judicial y su difusión
tendiente, a lograr su incorporación y aceptación por la comunidad y su
valoración como un medio útil de lograr la paz social y la realización de los
derechos, en tiempos breves y útiles. También se postula la extensión a
supuestos actualmente excluidos, como las causas penales menores.
Al igual que es inédito el Juicio por Jurados letrados,
es terriblemente innovador en la gestión y con excelentes resultados en el tráfico
jurídico, burocrático y comercial el expediente, firma digital y
democratización del control judicial. Es casi nulo aprovechamiento de las
herramientas que brinda la era digital en la que se encuentra inmerso el mundo
en el siglo XXI.
Se creará, a fin de terminar con este sistema arcaico y
costoso, el “Expediente Digital”. El mismo no tendrá soporte físico en papel,
sino que se encontrará íntegramente en el sistema informático del Juzgado, y al
cual tendrán acceso los litigantes, sus letrados y los demás interesados. Cada
parte deberá registrar su firma digital con la que firmarán los distintos
escritos, los cuales serán presentados vía correo electrónico, medio por el
cual se cursarán también todas las notificaciones.
A fin de democratizar el control judicial por parte de la
población, se incluirá en la página web del Poder Judicial la información
referida a cada juzgado que contenga indicadores estadísticos de plazos,
dictado de sentencias, ingreso y finalización de causas, entre otros.
Pensamos en la necesidad de varias Ciudades Judiciales, y
comenzaremos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente el Poder
Judicial de la Nación con asiento de sus Tribunales Nacionales y Federales en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enfrenta un grave problema consistente en la
atomización de dependencias en una vasta cantidad de inmuebles que circundan el
casco céntrico de la ciudad, con distancias excesivas entre ellas, que conlleva
al profesional a un desplazamiento en distintos medios de transporte, que atenta
contra la calidad de su labor profesional.
Análoga situación es la que se observa en el Ministerio
Público de la Nación, en relación a las oficinas ocupadas por las defensorías y
las fiscalías federales de las distintas instancias y fueros.
Por otra parte, en muchos casos los inmuebles utilizados
no son de propiedad del Poder Judicial de la Nación o del Ministerio Público de
la Nación, sino alquilados o pertenecientes a otras dependencias de la
administración pública que las ceden “a término”.
De este modo, la actividad judicial se transforma en un
laberinto de oficinas, donde los expedientes son cotidianamente trasladados de
un lugar y así podemos ver pilas de ellos siendo desplazados por las calles de
nuestra ciudad. En este marco, el diseño de un proyecto de Ciudad Judicial
resulta imperioso y urgente. Este proyecto deberá considerar no sólo la
cantidad de juzgados y demás dependencias existentes, sino también prever
necesidades futuras, eventuales ampliaciones y la posibilidad de incorporar
todas las innovaciones tecnológicas disponibles y que puedan generarse en el
futuro.
La Comisión que he dirigido se llama de Justicia y
Seguridad y para éste último ítem es que al efecto de no ser exhaustivo, dado
que se trata de un artículo de opinión con los principales propósitos de la
Integral Reforma en el Sistema Judicial, es que intenté conceptualizar ante el
militado espacio sobre los principales iniciativas: no obstante, que las
temáticas Justicia y Seguridad pertenecen al mismo universo, sin ser compartimentos
estancos, las concernientes a el último ítem, para profundizarlas en una amena
explicación pormenorizada, es que procuro realizar a la brevedad otro artículo
del mismo tenor, y mientras es que remito a Protocolo donde los puntos sobre
los que actuaremos en un Ministerio de Justicia y Seguridad que enuncio están
desarrollados.
Cuando concebimos “Seguridad” y nuestras propósitos para
hacerla perceptible a cada ciudadano y organización, pensamos en las “nuevas
herramientas científico-tecnológicas para la policía; la modificación de las
Leyes Excarcelatorias; la Municipalización de Policía Prevencional en Prov. de
Buenos Aires; en que la Ciudad Autónoma de Bs As se ocupará del Delito Local:
en la Construcción de Centros para Menores Autores de Delitos Graves; en la
Creación de la Agencia Federal contra el Crimen Organizado y la Aplicación en
todo el País de las Leyes Contravencionales vigentes; en las Medidas
Específicas para la Nación; en una Agenda Digital Federal para la Seguridad y
en crear una Agencia Federal de Lucha contra Crimen Organizado con una Unidad
de Análisis Criminal que promocione y ayuda a la Municipalización de Policías
Provinciales; en el traspaso de la Policía Federal que Atiende a la Ciudad de
Bs. As.; en el impostergable Plan de Construcción de 100 Establecimientos
Carcelarios; en la implementación urgente del “311” para Recepción de Denuncia
de Casos no Graves. Unidad de Capturas; así como en Unidades de Seguimiento de
Excarcelados y Libertad Condicionada, dando mayor presupuesto al Patronato de
Liberados que traduce el compromiso del Estado y la sociedad con la
rehabilitación; cuando pensamos en la Legislación Nacional Penal, desde el
Congreso, sin medias tintas impulsaremos la modificación del art. 42 del Código
Penal agregado in fine, la incorporación del art. 108 bis al Código Penal, la
modificación del art. 52 del Código Penal, así como mejoraremos la legislación
sobre Imputabilidad de Menores, modificación art. 14 del Código Penal.
Crearemos antes de los primeros cien días de gobiernos, un Banco Nacional de
Datos de ADN.
Por tanto, yo, Carlos Roberto Saad, honrando a mi persona
en primer lugar, así como a mi sociedad, mi familia y a mis nietos, a quienes
les quiero dar la posibilidad de constituir una familia en un gran país en el
que sean felices, mi compromiso en cumplir
sin pausa y con gran vocación, los postulados del “Protocolo para la
Convivencia de los Argentinos en el Siglo XXI” que generosamente Alberto
Rodríguez Saa brinda en la inteligencia que será su plan de gobierno, y en el
que signa las directrices del país que viene y que todos los hombres y mujeres
de bien que habitan este suelo añoran.
Porque la Unión de los Argentinos es un Compromiso Ético.
Ésta es nuestra única dirección. Nos comprometemos a no propiciar en nuestra
agenda legislativa, ni a dar tratamiento a propuestas de terceros, a ningún
tema que divida a los argentinos. Compromiso Federal tiene como Objetivo
Principal de Gobierno Unir a los Argentinos y recuperar la Paz Social.
* El artículo fue escrito dentro del Marco del "Protocolo Para la Convivencia de los
Argentinos en el Siglo XXI " en al año 2011.
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