Fundación Atlas 1853

Es hora de poner fin al gasto por emergencia de pandemia

David Boaz

Vicepresidente Ejecutivo del Cato Institute

El vicepresidente ejecutivo David Boaz es un comentarista controversial en una gran variedad de temas culturales y políticos. Ha jugado un papel fundamental en el desarrollo del Cato Institute y del movimiento libertario. Es el autor de Libertarianism: A Primer, publicado 1997 y descrito por el Los Angeles Times como "un manifiesto bien investigado de las ideas libertarias." También es el editor de The Libertarian Reader. Es la principal autoridad en temas domésticos como la libertad de elegir en la educación, la legalización de las drogas, el crecimiento del Estado y el resurgimiento del liberalismo, y es un invitado frecuente en la televisión nacional y en programas de radio. Un artículo de Boaz en marzo de 1988 en el New York Times encendió un debate nacional sobre la despenalización del consumo de las drogas. Algunos de sus artículos han sido publicados en el Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, National Review, y Slate. También ha aparecido en "Politically Incorrect with Bill Maher," de ABC, "Crossfire," de CNN, "Talk of the Nation," de NPR, Fox News Channel, BBC, Voice of America, Radio Free Europe, entre otros. Boaz, un egresado de Vanderbilt University, fue editor de la revista New Guard y también se desempeñó como director ejecutivo del Council for a Competitive Economy antes de unirse a Cato en 1981. Su libro más reciente es The Politics of Freedom.

Los nuevos ejercicios del poder adquisitivo federal se justifican a menudo sobre la base de alguna emergencia. Tanto el gobierno de Hoover como el de Roosevelt invocaron el elevado desempleo y la pobreza de la Gran Depresión para justificar nuevos pagos de transferencias, como los subsidios agrícolas y el AFDC ("asistencia para familias con ni;os dependientes"). Cuando la emergencia terminó, los programas continuaron.

Como predicen los economistas, cualquier programa gubernamental de pagos creará su propio electorado. Los beneficiarios del programa no renunciarán voluntariamente a su fuente de ingresos sólo porque la emergencia haya terminado. Ahora nos enfrentamos al último ejemplo, la posible extinción de los pagos de ayuda por la pandemia.

En marzo de 2020, cuando el gobierno empezó a responder a la propagación del nuevo coronavirus, se aprobaron rápidamente programas de ayuda por valor de varios billones de dólares. Ahora algunos de esos programas –y sus beneficiarios– se enfrentan a plazos legales. Lo cual tiene sentido, porque los programas se justificaron con el argumento de mantener a las empresas en funcionamiento y a los empleados. Pero la emergencia de COVID-19 ya ha terminado, la economía es fuerte y el desempleo es bajo.

Como de costumbre, los periodistas se apresuran a cubrir la difícil situación de las personas que pueden perder sus prestaciones de emergencia. Un artículo del Washington Post se titula: "El increíble retroceso estadounidense en la ayuda gubernamental". Nótese en primer lugar que no hay ningún retroceso en el nivel de pagos de transferencias gubernamentales que existía en 2019. La preocupación es simplemente con los nuevos programas de emergencia que datan de 2020 o más tarde. El Post utiliza un lenguaje urgente para lamentar

la expiración de una oleada de programas federales aprobados en respuesta a la pandemia para hacer la vida más fácil a millones de estadounidenses.
Millones –posiblemente decenas de millones– están perdiendo la cobertura de Medicaid, como resultado del fin de un programa de la era covídica que concedía ayuda federal a los estados que mantenían a las personas inscritas de forma continua en lugar de llevar a cabo purgas periódicas de las listas.
A finales de septiembre expiran los miles de millones de fondos federales de la era de la crisis para mantener abiertas las guarderías, lo que obliga a los estados a apresurarse ante las estimaciones de que 70.000 centros podrían cerrar y 3,2 millones de niños (la mayoría de cinco años o menos) podrían perder su atención.
Esto tendría un enorme efecto dominó en la economía, obligando a una parte de los padres a dejar su trabajo para cuidar de sus hijos.

El artículo continúa lamentando la expiración de otros programas de emergencia, como la ampliación de la ayuda alimentaria para mujeres, bebés y niños, la suspensión del reembolso de los préstamos estudiantiles, la moratoria de los desahucios y la mejora de las prestaciones por desempleo.

Ahora es fácil encontrar personas que se han beneficiado económicamente de estos programas. Pero los pagos de emergencia, como cualquier otro gasto gubernamental, también tienen efectos perjudiciales, y esos no se consideran en el artículo del Post.

El gasto federal se disparó en 2020 y más allá, y el dinero desviado a fines federales es dinero que no está disponible para las empresas privadas y los individuos, dinero que no contribuye a la creación de empleo y el crecimiento económico. Sin embargo, sí contribuyó a los niveles más altos de inflación desde la década de 1970.

En Cato conocíamos el riesgo de que los programas de emergencia se convirtieran en permanentes. Como dijo Ronald Reagan en su famoso discurso de 1964: "Ningún gobierno reduce voluntariamente su tamaño". Por tanto, los programas gubernamentales, una vez lanzados, nunca desaparecen. En realidad, una oficina gubernamental es lo más parecido a la vida eterna que veremos en esta tierra".

En marzo de 2020, el presidente de Cato, Peter Goettler, escribió en una carta a los legisladores: "Las medidas extraordinarias deben terminar con la superación de la crisis, y deben incluirse cláusulas de extinción en toda la legislación de emergencia".

Y el redactor de Cato Andy Craig escribió: "Y quizá lo más importante: las normas y poderes de emergencia deben extenderse sólo mientras dure la emergencia, y derogarse a la primera oportunidad factible. Debemos tener cuidado con el efecto trinquete, por el que los gobiernos tienden a conservar poderes y mantener abiertos programas mucho después de que su justificación original haya desaparecido".

Pero es muy difícil conseguir que los responsables políticos se comprometan de forma vinculante a que los programas temporales de emergencia terminen realmente cuando cambien las circunstancias.

Por eso la subvención federal a los productores de lana y mohair, creada en 1954 para aumentar la producción nacional de uniformes militares, sigue vigente décadas después de que terminara el interés del Pentágono por el programa. La diferencia es que ese programa es un error de redondeo presupuestario comparado con los programas de billones de dólares creados en la pandemia.

En la próxima crisis que se perciba, el Congreso volverá a demostrar su preocupación votando a favor de programas de gasto masivo. Espero que nuestra experiencia actual recuerde a los futuros legisladores que deben ser mucho más cautelosos a la hora de crear compromisos de gasto "temporales" y "de emergencia".

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 11 de septiembre de 2023 y en Cato Institute.