Fundación Atlas 1853

Consejo de oro

Dardo Gasparré

Economista.

Asumiendo la impertinencia que significa intentar darle consejos al Presidente de la nación, la columna siente la necesidad de hacerle algunas sugerencias a Javier Milei, que probablemente sus colaboradores no se atrevan a hacerle, sea porque algunos temen enojar a alguien del tridente, sea por la vocación de “le pertenezco”, el inmortal olfa creado por el gran Gianni Lunadei, sea porque ni siquiera perciben el problema, sea porque sencillamente creen que algunas líneas de comunicación y acción que siguen son las adecuadas.

La primera sugerencia es que cuando le cuestionen o comentan sobre algún colaborador, para demostrar su eficiencia, probidad o capacidad evite responder “es mi amigo”. Ese atributo no forma parte de los méritos y condiciones de que debe hacer gala un funcionario público o un político. Es más bien una peligrosa regresión que sólo tiene valor en la faceta personal, y hasta una cierta edad. Para la sociedad no implica una garantía de nada, en especial y mucho menos una garantía de eficacia. El concepto lo hace lucir como un romántico crédulo que elige sus colaboradoras con un criterio no válido.

Inmediatamente a continuación cabe recomendarle que se abstenga de dar reportajes casi a diario a los periodistas políticos nocturnos que prometen tratarlo cordialmente. Al menos hasta que tenga algo importante para decir, o un discurso estudiado y meduloso que responda a una sólida política comunicacional, cuando la tenga. Hacerlo como hasta ahora más bien resalta una faceta confusa y caprichosa, que lo lleva a lanzar el calificativo de traidores con una liviandad algo adolescente. Puede satisfacer a sus seguidores más enfervorizados, los que repiten el “no la ven” como el macrismo repetía el “no vuelven más”, pero que no ayuda en un momento tan grave como el presente.

Avanzado luego de estas cuestiones que parecen de poca relevancia pero son de suma importancia cuando su imagen debe ser la de un estadista, no la de un outsider, que ya no lo es, hay otras cuestiones a modificar que tienen que ver con el imprescindible ajuste que está realizando, cuya oportunidad y profundidad no ofrecen dudas a la columna.

EL AJUSTE JUSTO

Aquí se ha afirmado ya desde la primera vuelta, que cualquier ajuste debería ser justo, lo que se ha reiterado en este espacio casi aburridamente. Habrá que entender lo que quiere significar ese concepto de justo. Salvo en aquellos casos de hambre o miseria, no es ni técnicamente viable ni siquiera útil tratar de solucionar el enojo y la angustia popular por los efectos de la inflación heredada más el reacomodamiento de los precios relativos que se produce ahora, con compensaciones económicas, aumento de sueldos, bonus, subsidios o cualquier otra forma de pago y platita.

Eso no sólo sería insistir en el error del gobierno kirchnerista, o sea echar nafta al fuego, o al gasto, sino que perpetuaría la inflación e impediría que se eliminara el déficit y la emisión, objetivo central de la política del Gobierno y razón de ser de la cuasi hiperinflación. En cambio, tiene sentido usar el ejemplo de algunos casos de esta semana para mostrar lo que se necesita para que la sociedad comprenda, digiera y acepte el sacrificio, más allá de refregarle el 56% de los votos, cuya capacidad de convicción se desvanece cada día que pasa.

El más evidente es el de los jubilados. Se decidió otorgar un bono a los “de la mínima”. Como se sabe, ese grupo está integrado mayoritariamente por los jubilados con moratoria gratuita, o regalo kirchnerista. Exactamente lo que hizo Sergio Massa. No solamente no se muestra un cambio de ningún tipo, sino que se sigue acortando la distancia entre las remuneraciones de jubilados con aportes plenos y los que recibieron el regalo K, que son más que los legítimos. Por el mismo precio, se los licua con un ajuste por movilidad ridículo, también invento K.

El supuesto cambio de política en ese ajuste fue rebotado por el Congreso, pero nunca se explicó cómo sería. Más bien la explicación del Gobierno fue tardía y en respuesta a las críticas, improvisada, y no explicitada en los considerandos de la ley rechazada. El verdadero plan debe consistir en primer lugar en separar contablemente las jubilaciones legítimas de las regaladas, esencialmente un despojo a los aportantes. No hay que olvidar jamás que el sistema jubilatorio es obligatorio e impuesto por el estado, lo que también significa un compromiso que se debe respetar. O sea, también es seguridad jurídica, aunque no afecte a Black Rock o a Eskenazi.

Separar las partidas y hasta cambiar el concepto bajo la que se muestra el costo de las seudojubilaciones obsequiadas es un principio de equidad. Ese tipo de gestos se necesitan. Es posible que Su Santidad quede conforme con este clase de medidas, pero son kirchneristas y populistas, o sea las que han traído al país hasta aquí. Mal puede esperar el Presidente que semejante decisión ayude a la sociedad a aceptar el ajuste. Al contrario, implica un contrasentido y una injusticia inaceptables. Separar el rubro y el área de dependencia sirve para crear luego mecanismos diferenciales de movilidad, que no puede ser el mismo en ambos casos.

También para mostrar crudamente el costo anual de estas solidaridades y bondades populistas, que puede llegar a ser escandaloso y que hoy, al estar deliberadamente mezclado con un gasto legítimo, confunde el análisis y elude cualquier intento de corrección.

Este concepto, el de mostrar separadamente el costo de mantener las solidaridades generosas e injustas para no profundizar el problema, vale para toda la administración. La sociedad tiene derecho a saber cuánto le cuesta todo el sobrecosto no sólo de las jubilaciones regaladas, sino de tantos cargos regalados, y viáticos y anexos. Todo esto sin olvidar el robo del Fondo de Seguridad a su vez robado a las AFJP, o a sus asociados. Otro modo de ganar la confianza y la sensación de equidad de la población, sería hacer juicio a los funcionarios que hayan incurrido o permitido incurrir en prácticas delictivas en el área, algo que parece un sueño imposible a esta altura. Hoy, hay sólo cacareo mediático. Pero una impunidad latente por inacción que no puede continuar.

EL INUTIL INADI

Otro ejemplo es el cierre del INADI, también anunciado sin un correlato de acción alguna. Por supuesto que era de toda inutilidad. Pero no se ha formulado ninguna denuncia contra los funcionarios que alegremente dilapidaron los fondos. El tema es peor cuando se escucha decir que “se echará a los ñoquis, y que el resto del personal será reasignado”.

Cuando un ente o una empresa privada cierran, no necesitan más a ningún empleado. No se reasignan a ninguna parte. Además, ¿a quiénes se reasignará y a dónde? ¿Y personal con qué nivel de sueldo será reasignado en nombre de ser solidario y bueno en esta instancia? ¿El que gana 200,000 pesos o el que gana 3,000,000? ¿Será una solidaridad con escalafón? Y hay falta de personal en el resto de la Administración que justifique una reasignación? ¿No es más de lo mismo? ¿Qué equidad se puede argüir en estos casos ante una ciudadanía sufriente?

Todo empleado público redundante, de entes cerrados o liquidados, sea ñoqui o no, no debe ser reasignado a ninguna parte. Debe irse a su casa, que es más barato, y entrar dentro de un programa de salida del desempleo, orgánico y controlado. Y también su costo debe ser contabilizado en un rubro especial expuesto de modo transparente para que quede evidenciado el monto del gasto superfluo que paga la sociedad toda para que Francisco esté feliz. Y un punto adicional: los salarios de quienes integren ese listado, ñoquis o no, deben ser los de un nivel mínimo de la administración pública; no parece inteligente ni justo garantizar la solidaridad a valores de remuneración de CEOS.

Esta combinación de seriedad, equidad, modestia administrativa, justicia, probidad y eficiencia de análisis es la que ayudará a la población a soportar el amargo momento. No los discursos de barricada. Claro, para eso hace falta lo que se llama capacidad de gestión, que es el otro punto que la columna promueve desde antes de la primera vuelta, y que parece faltar aún. Suponiendo que se quiera hacer.

También en la semana comenzó el accionar para firmar tratados climáticos agrícolas, aceptar préstamos condicionados a ese mismo tipo de obligaciones, tratados pandémicos que sacrifican toda soberanía y delegan la salud nacional y lo que es peor la propia economía en un grupo de inimputables. También sería importante, en esta faceta donde casi ningún funcionario conoce su área y su tarea, que el Gobierno se abstuviera de firmar ningún tratado ni acuerdo que condicione la soberanía, no ya como una declamación, sino como una manera de asegurar que se garantizarán las decisiones judiciales y electorales, sin condicionarlas a órdenes de burocracias supranacionales. Es otra forma de recuperar la seguridad jurídica y los valores republicanos y democráticos. Otra manera de mostrar cambios que también tienen que ver con la producción, el equilibrio fiscal, la seriedad. Eso también sería un modo de asegurar a la gente que el esfuerzo no será en vano.

Otro tema de la semana es el descubrimiento de los fondos fiduciarios. Además de agitar el tema en los medios y desparramar acusaciones al voleo, el Gobierno debe encontrar un camino para resolver integralmente el problema. En la realidad, estos fondos son un atropello a todo tipo de control y prácticas legales de contratación con privados. Es inadmisible que se ponga en manos de cualquiera el manejo de semejantes montos sin cumplir con las reglas elementales de buen manejo presupuestario.

Lo primero que debe hacer el Gobierno es promover la disolución y rendición de cuentas de estos fondeos vía una ley (luego sí tendrá derecho a llamar ladrones a quienes la voten en contra) y declarar ilegal y nulo su uso. Al mismo tiempo, efectuar las denuncias judiciales correspondientes para analizar todas las contrataciones y promover las sanciones penales si correspondieran. Simplemente usar argucias comunicacionales o efectistas para mostrar eficiencia o diligencia es un recurso de inútiles que no deberían estar en ninguna función, con cualquier oficialismo.

Ese tipo de accionar es el que comenzaría a mostrar a la población que el ajuste es para todos. Que la casta paga y es acotada y perseguida. Un esfuerzo fenomenal mientras nadie toca los regímenes promocionales multipartidarios de Tierra del Fuego no es ni serio ni soportable ni creíble.

LOS FOCOS VERDADEROS

Se podría transponer estos ejemplos inmediatos a muchos otros sectores y a muchos otros casos. Pero mientras ocurran y no se ataquen los focos verdaderos del gasto será muy difícil convencer a nadie de que el esfuerzo vale la pena, más allá de que se repita el concepto en cuanto reportaje disponible se consiga.

Se puede sostener que los funcionarios son nuevos, y aún que no hay suficiente cantidad de cargos cubiertos como para llegar a tal grado de detalle, suponiendo que se trate de detalles. También se puede suponer que los funcionarios no deberían elegirse por su grado de amistad con nadie, por larga que la misma haya sido.

Todo el ajuste será válido si la sociedad advierte que el cambio es cierto, profundo, compartido, que los privilegios son atacados y eliminados o el proceso para hacerlo está seriamente en marcha.

Cabe repetir lo que acá se ha dicho. Las ideas del presidente son las adecuadas. Sus planteos y ponencias son los adecuados. Tiene que rodearse de funcionarios capaces de seguir su rumbo en el día a día y en la gestión. Tal vez los traidores no son todos los que él cree, tal vez muchos de los traidores son los que le hacen creer que no lo son y que pueden hacer lo que no saben hacer.

La gente lo nota. La gente se indigna más por estos contrasentidos que por el ajuste en sí, por duro que fuera. La gente la ve.

Publicado en La Prensa.