Fundación Atlas 1853

Los inmigrantes benefician a EE.UU.

Ian Vásquez

Director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute, Washington D.C. Miembro del Consejo Internacional de Fundación Atlas para una Sociedad Libre.

La frontera entre Estados Unidos y México se ha vuelto caótica. En diciembre, las autoridades estadounidenses aprehendieron o expulsaron a 250.000 inmigrantes que cruzaron desde el país vecino –un récord histórico–.

El Partido Republicano denuncia al presidente Joe Biden por no aplicar la ley y por mantener una política de fronteras abiertas. Los políticos de ambos partidos prometen un mayor control de los flujos migratorios, pero solo logran reducir –no eliminar– el desorden, y no de manera permanente.

El caos es una muestra de que la política migratoria de EE.UU. no funciona. Unos 11 millones de inmigrantes ilegales viven y trabajan allí, prueba de que existen millones de estadounidenses que buscan contratar a esa mano de obra y que existe también esa oferta en el mercado laboral, pero que las leyes prohíben.

La verdad es que se ha vuelto sumamente difícil migrar legalmente a Estados Unidos. El porcentaje de la población inmigrante de EE.UU. es de menos del 14%, algo que sitúa al país en el tercio inferior de los países ricos en cuanto a ese indicador. En la medida en que se dificulta la migración legal, se fomenta la ilegal.

Lejos de tener fronteras abiertas, como sostienen Donald Trump y sus partidarios, las rutas legales para venir a EE.UU. se han vuelto más estrechas. El caos en la frontera es a la vez síntoma y causa de las deficientes políticas migratorias estadounidenses.

Es síntoma porque la oferta y demanda en el mercado laboral todavía existe y su prohibición no la elimina; la empuja hacia la informalidad. El caos, que con razón a nadie le gusta, causa más restricciones migratorias al fomentar una narrativa de que el país ha abierto sus fronteras.

Los incentivos políticos para resolver el problema son perversos, sobre todo en este año electoral. A Trump no le gusta la inmigración, sea ilegal o no, pero le conviene políticamente que el problema en la frontera continúe. Por eso, ha desalentado esfuerzos en el Congreso para resolver el problema. Los demócratas, por otro lado, no quieren ser vistos como débiles y, por lo tanto, hacen poco para crear un sistema legal más ordenado y liberal.

Sin embargo, justamente hace falta un sistema más abierto a la inmigración legal. Lo que no les gusta a los estadounidenses es el descontrol asociado con la inmigración y la percepción que trae consigo una serie de males como el crimen, el desempleo, la caída de salarios, etc.

Crear avenidas legales para que puedan venir los inmigrantes a EE.UU. haría mucho para resolver el problema y atender las preocupaciones de los estadounidenses. El experto Alex Nowrasteh, por ejemplo, recomienda que EE.UU. otorgue una mayor cantidad de visas de trabajo. Así se hizo en los años 50, cuando había dos millones de trabajadores mexicanos no documentados y se creó el programa “bracero”, que les permitió trabajar. La población ilegal cayó en un 90% dentro de pocos años y se volvió a controlar la frontera.

Establecer el orden en la frontera de esa manera reduciría enormemente la ansiedad que sienten muchos estadounidenses y facilitaría el argumento históricamente correcto de que los inmigrantes benefician a Estados Unidos.

No es verdad que, según los nativistas, los inmigrantes reducen los salarios, son una carga fiscal para la nación, no se asimilan a la cultura, crean desempleo, incrementan el crimen, ni demás males. La evidencia y los estudios de que los beneficios que trae la inmigración son mucho mayores que los costos son abrumadores.

Los inmigrantes no solo toman empleos, también los crean; estos son mucho más emprendedores y fundan más empresas que los nacidos en EE.UU.; son más jóvenes y contribuyen más al fisco que los nativos; el crimen de los inmigrantes, legales o no, está por debajo del de los nativos, etc.

EE.UU. se fortalecería con una política migratoria ordenada y liberal.

Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 5 de marzo de 2024 y en Cato Institute.