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La Cámara de Casación Penal Bonaerense con la firma de los jueces Benjamín Sal Llargués y Horacio Piombo, redujo la pena de un violador de un chico de 6 años bajo el argumento de que el niño ya había sido ultrajado por su padre que lo violaba desde hacía tiempo, que su madre lo había abandonado y que el menor estaba a cargo de una abuela despreocupada. Además aclaró que el chico tenía notorias inclinaciones homosexuales.

Cuesta creer esto. Uno lee la información y pide por favor que todo sea un error. Pero no. Es verdad: una cámara judicial de la principal provincia argentina redujo a menos de la mitad (3 años y dos meses) la condena de un profesor de actividades deportivas de un pequeño de 6 años porque el chico ya había sido violado y como la característica “ultrajante” de la violación (que actúa como agravante del delito básico) solo ocurre -según Piombo y Llargués-  la primera vez (en este caso el aberrante acceso carnal protagonizado por el propio padre) entonces ese agravante no puede ser considerado ahora y, en consecuencia, la pena debe disminuirse.

Lo más fácil del mundo es decir que Piombo y Llargues están locos, que no pueden ser jueces, que hay que echarlos y que todo esto es un enorme disparate. Pero no es así. Ni los jueces están locos, ni los van a echar ni el hecho -para muchos- es un disparate.

Estos mismos jueces ya afrontaron acusaciones en el jury provincial. En 2011 Piombo y Llargués habían fallado a favor de un pastor evangélico acusado de violar a dos menores reduciéndole la condena por entender que las víctimas eran pobres y ya tenían experiencia sexual.

En aquel momento los jueces argumentaron que no se advierte el delito de violación en el caso de dos menores de 14 y 16 años por tratarse de "mujeres que viven en comunidades en las que el nivel social acepta relaciones a edades muy bajas" y que "además poseían experiencia sexual".

Los jueces, al reducir la pena al pastor, Los magistrados resolvieron así en el caso de Francisco Avalos, quien había sido condenado en el 2004 a 18 años de prisión por cuatro abusos sexuales con acceso carnal cometidos en el 2000.

El pastor, según ese fallo de primera instancia que le imputó además el delito de corrupción de menores por ser dos de sus víctimas menores de edad, aprovechaba su condición religiosa e inculcaba a sus víctimas que eran "elegidas por Dios" para tener hijos con él por lo que no debían resistirse.

Esa sentencia fue recurrida ante Casación con el argumento de que las víctimas habían dado su consentimiento y finalmente la Sala I absolvió al condenado del delito de corrupción de menor de edad calificado por intimidación y dispuso reducir la condena de prisión de 18 años a 9 años y 6 meses.

En aquel momento el diputado provincial por el FpV Raúl Pérez pidió el enjuiciamiento de ambos magistrados por el delito de presunto mal desempeño por la demora en resolver la sentencia, que benefició al pastor con la aplicación del cómputo del dos por uno y por los argumentos discriminatorios.

Nada pasó: Piombo y Llargués siguen allí. Y no solo siguen allí sino que siguen emitiendo el mismo tipo de fallo, beneficiando a violadores y asesinos con argumentos como los que acabamos de explicar en estos dos ejemplos.

El ministro de seguridad de la provincia Ricardo Casal dijo, al comentar el último caso, que están "preocupados porque dos jueces ignoren que un menor de 6 años es absolutamente incapaz tanto para el código penal –que dice que cualquier acceso carnal contra un menor de 13 años es violación aunque hubiere consentimiento– como para el código civil".

Respecto de este último, aclaró que "tanto el viejo como el nuevo que comienza a regir en agosto, expresa claramente que todo menor de 12 años es incapaz absoluto, carece de cualquier tipo de voluntad y de acción y decisión sobre su persona o terceros. Es una incapacidad protectiva, por su inmadurez obvia de su edad. Esta omisión tanto del código penal como del civil provoca un escándalo no sólo jurídico sino en la población".

"Hay dos recursos sobre esto”, dijo Casal: “el recurso jurídico ante la Corte Suprema de la provincia que va a analizar el fallo y el otro el que los medios mencionaron, el pedido de juicio político para que ambos jueces se sometan al juicio público y político para que expliquen a la ciudadanía por qué han omitido deliberadamente la prohibición legal que tienen los jueces de considerar la voluntad de un menor.

Decir en un fallo que el menor había elegido su sexualidad está enfrentado claramente con las normas jurídicas vigentes”.

“Parole, parole, parole”, decía Mina, en una inolvidable canción italiana. Son palabras, Casal. Intento de juicio ya hubo: Piombo y Llargués siguen en sus mismos lugares. Condena social y mediática sobra, pero Piombo y Llargués siguen en donde estaban.

El problema no son Piombo y Llargués. El problema es una construcción estrambótica que ha envenenado la mente jurídica argentina desde hace décadas y que, como un virus, ha infectado a todos los estudiantes de Derecho y a todos los abogados.

El zafaronismo, que es una caricatura impresentable de “progresismo”, resulta que ahora sirve para que dos payasos estigmaticen a un chico de seis años con la etiqueta de “homosexual”. ¡¿Quién iba a decir que la escuela del permisivismo llevaría a etiquetar la sexualidad de un menor?!

Los valores se han perdido en la Argentina. Bajo la creencia de que es “cool” y “divertido” trasvestir los valores tradicionales de la educación, de la Constitución y de lo que está bien y lo que está mal, se ha educado a generaciones de zombies, no otra cosa que estúpidos, que se creen “dandys” porque repiten clichés impuestos por una moda infradotada.

De nada sirve la preocupación por lo que firman Piombo y Llargués mientras no se diga a cara descubierta que la Argentina ha cometido la enorme pelotudez del fashionismo, de creerse que queda bien ser “progresista”, mientras la gente muere por la calle y a los chicos de 6 años los profesores los violan en la escuela.

No hay que terminar con Piombo y con Llargués. Hay que terminar con la sarna que los produce; con la infección maloliente que fabrica pelotudos fashion en lugar de abogados y jueces.