El lobby y su regulación

Javier Cubillas
Analista de Asuntos Públicos, Fundación Atlas para una Sociedad Libre.
Una deuda del Congreso es la sanción de una ley que
regule esta gestión de intereses o lobby. Se trata de la instancia en la que un
agente privado transmite información específica a un funcionario público que
debe evaluarla y luego decidir por vía normativa. Legislar sobre esta práctica
es regular un ejercicio de comunicación e influencia que tenga visibilidad y
pueda ser escrutado por todos.
Entre las deudas que tiene el Congreso Nacional a la hora
de operativizar derechos y obligaciones -valores constitucionales- nos
encontramos con la regulación de la gestión de intereses o lobby.
Hoy la regulación nacional vigente está anclada en el
Decreto 1172 del año 2003, que sólo tiene por finalidad recabar información
sobre el motivo y la fecha de reunión entre funcionarios del Poder Ejecutivo y
agentes del sector privado. A esto se conoce como el registro de publicidad de
gestión de intereses.
Este decreto conserva una redacción y visión legal que
hoy –creo- resulta muy restrictiva tanto por lo que registra como a quienes
obliga a llevar el registro. Corresponde entonces se actualice las implicancias
del tema y su consecuente regulación, para que transcurridos estos años de
democracia se busquen nuevos acuerdos y se renueve el piso de legitimidad en
las relaciones entre administradores y administrados.
Resultaría entonces muy importante que en un futuro se
avance en una reforma que consagre una ley para los dos poderes de gobierno
–Ejecutivo y Legislativo- y que ésta no se limite al sólo registro de
audiencias sino a una regulación de la actividad de gestión de intereses.
Pensar en una regulación de la actividad de gestión de intereses o lobby es un
deber que nos impone el régimen constitucional republicano, democrático y
liberal que como sociedad debemos saldar.
Para clarificar el punto corresponde entonces que
propongamos una visión que facilite la comprensión sobre el objeto que tenemos
entre manos. Si hablamos de gestión de intereses o lobby siempre vamos a estar
hablando de una actividad social con implicancias históricas y políticas
propias de la modernidad occidental. Nada nuevo bajo el sol.
Históricamente, gracias a la desacralización y rutinización
del poder, las burguesías emergieron como actores claves en el control y
balance del poder presupuestario y honorífico que príncipes, reyes y
posteriormente primeros ministros y hasta incluso presidentes intentan
administrar como algo exclusivamente propio. En este sentido, el comercio y las
artes liberales vinieron a consagrar socialmente que el conocimiento técnico y
político no era privativo de una corte o grupo en el poder y que la información
además se originaba en la acumulación, tradición e intercambio de opiniones en
la esfera pública cotejada y escrutada por todos.
Por esto, al hablar de gestión de intereses o lobby
estamos hablando técnicamente –desde una óptica de análisis de los Asuntos
Públicos- de regular la praxis en la que un agente privado transmite
información específica -propia de su actividad- a un funcionario público que
debe evaluarla y posteriormente decidir fundadamente y de modo general por vía
normativa. Es, ni más ni menos, que regular un ejercicio de comunicación e influencia
que tenga visibilidad y pueda ser escrutado por todos, al poder darse a conocer
no sólo el intercambio de información sino también de los textos normativos que
suscriba el funcionario.
Así, esto permitiría transparentar las relaciones público
privadas y también visualizar una trazabilidad de actores sociales en busca de
alientos o defensas de sus intereses, muchos de los cuales son también nuestros
en tanto somos consumidores, usuarios, beneficiarios y ciudadanos. Esta
dinámica da cuenta de la complejidad y la multiplicidad de nuestros roles en la
sociedad actual. La vida misma.
Respecto a los modos y modelos de regulación, como bien
hablamos de tradiciones y prácticas sociales necesariamente nos encontraremos
con antecedentes y esquemas anclados a perspectivas nacionales. No entraremos
aquí en los antecedentes internacionales (Reino Unido, Estados Unidos, Canada,
Union Europea, Peru, Chile) por la complejidad que eso supone y el espacio para
este trabajo, pero si creo que de modo prudencial, no deben trasladarse e
implantar de modo acrítico modelos legales sin amplios consensos que finalmente
no logren asentarse y echar raíces en nuestra vida cívica.
Como apuntes o cuestiones a tener en cuenta -en materia
de regulación a nivel nacional y local propongo una perspectiva posible y un
punteo general- con vistas a que la norma pueda tener fortaleza y
sostenibilidad en el tiempo:
1. Todo buen marco legal necesita de principios que
dirijan la interpretación del texto. En materia de lobby la sociedad debe encontrar
consensos para estos conceptos que permitirán dirigir la interpretación de la
norma legal.
2. La idea de la
gestión de intereses o lobby de modo presencial y en una oficina de gobierno
quedó desarticulada por las nuevas tecnologías de la información. Hoy, el gran
desafío de la regulación en todos los países del mundo es poder contemplar, en
la medida de lo razonable, a la multiplicidad de formas de contacto que pueden
concertarse. Este es un desafío clave para
el texto normativo.
3. Es importante además saber si la sociedad querrá una
regulación amplia de la actividad en donde se establezcan no sólo registros de
audiencia o contacto sino también registros de gestores o lobbystas. Esta
implicancia es fundamental para el sistema democrático en tanto podemos estar
creando e implantando un sector profesional, con sus pros y contras. Lo
importante, con o sin registro, es saber si la sociedad quiere pocos o muchos
jugadores en el sistema.
4. Respecto a
las sanciones por incumplimiento de la norma es interesante reflexionar si las
penalidades serán sólo personales o además podría establecerse la nulidad de
las actuaciones administrativas en las que funcionarios y gestores
intervinieron.
5. Desde una
perspectiva más holística, esta normativa debería acrecentar la aplicación de
códigos de conductas en las empresas y ongs. Las pymes, por citar el ejemplo
más claro e importante por número en argentina, deberían avanzar en establecer en
espejo adecuaciones internas y externas para sus administraciones comerciales y
áreas de relaciones institucionales. Los DirCom y las normas y técnicas de
Ética y Compliance deberán adecuarse a lo largo de las cadenas productivas.
6. Finalmente,
la clave en la eficacia de una futura norma de lobby -como en todas- está en no
ser reglamentarista, híper detallista, formularia -esto generará claros
desincentivos a la actuación dentro del sistema- ni sobredimensionar su
aplicación generándose más órganos burocráticos. Pero también, la norma debe
hacer uso de todos los mecanismos de tecnología y transparencia de la
información para no permitir la colonización de funcionarios y áreas
administrativas por parte de empresarios, activistas y ongs.
Recapitulando, ésta equilibrada y razonable regulación
del lobby es un deber aún sin saldar en nuestro régimen democrático y conforme
venimos proponiendo desde hace bastante tiempo: el acceso a la información
pública y la gestión de intereses son dos de los pilares fundamentales para
superar la opacidad y el secretísmo y mejorar la gestión de gobierno.
Afinando el lápiz, son dos pilares de lo que entiendo es
el ideal de Gobernanza, la que hace foco en el acercamiento de la gestión al
ciudadano. Así, la Gobernanza cómo concepción teórico-política busca afianzar
la idea de que es posible y real la concreción de las perspectivas
deliberativas de la democracia sin perder de vista la faz agonal que toda
sociedad posmoderna y compleja posee. Así, estas medidas legales pueden
colaborar en transparentar la actividad diaria relacionada con la gestión
pública acercándonos al ideal de responsabilidad individual para los dos
sectores del mostrador.
Además, desde las perspectivas de análisis más
pragmáticas y utilitarias posibles, resulta importante -para el fortalecimiento
del régimen de gobierno- que se establezcan leyes marco para esta actividad a
fin de clarificar quienes son los actores intervinientes y el sistema de
incentivos y desincentivos que los impulsan a actuar.
Todo esto permitiría superar los atavismos y lugares
comunes alrededor de la idea de lobby que no hacen más que derivar la discusión
sobre la temática hacia controvertidas posiciones éticas o penales que nada
tienen que ver con el derecho básico de peticionar a las autoridades y ser
escuchado antes de que los funcionarios tomen decisiones en sus ámbitos de
competencias. Hay que superar los pruritos alrededor del tema.
Si logramos mejorar la regulación sobre la materia y se
logra avanzar culturalmente en entender que la gestión de intereses o lobby es
una actividad constitucional y legitima que –repito- tiene por objeto que un
agente privado transmita información específica a un funcionario público que
debe decidir de modo general, entonces estaremos dando muestra de madurez y un
paso hacia delante -clave- para la mejora de las relaciones publico privadas en
materia política y económica.
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