Fundación Atlas 1853

Dolarización y derecho de propiedad

Gabriela Calderón de Burgos

Es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador). Se graduó en el 2004 con un título de Ciencias Políticas con concentración en Relaciones Internacionales de la York College of Pennsylvania. Desde enero del 2006 ha escrito para El Universo (Ecuador) y sus artículos han sido reproducidos en otros periódicos de Latinoamérica y España como El Tiempo (Colombia), La Prensa Gráfica (El Salvador), Libertad Digital (España), El Deber (Bolivia), El Universal (Venezuela), La Nación (Argentina), El Diario de Hoy (El Salvador), entre otros. En el 2007 obtuvo su maestría en Comercio y Política Internacional de la George Mason University.

La dolarización se empezó a discutir en Ecuador durante la presidencia de Abdalá Bucaram, quien fue asesorado por algunos de los principales expertos en el tema como Steve Hanke de Johns Hopkins University y Domingo Cavallo, exministro de finanzas de Argentina. Desde la sucretización de 1983 se sabía que el Banco Central del Ecuador (BCE) se había convertido en una institución sumamente politizada y tenía amplia discrecionalidad como prestamista de última instancia. Para los banqueros era más importante la relación con el instituto emisor y la Superintendencia de Bancos que su eficiencia como banqueros.

Pero no fue hasta que ese arreglo entre políticos y banqueros estalló a fines de 1999 que el presidente Jamil Mahuad tomó la decisión de dolarizar la economía, implementando una verdadera reforma monetaria dado que el BCE dejó de actuar como prestamista de última instancia. Esto logró controlar de manera inmediata la inflación, restauró la confianza en el sistema financiero y promovió la bancarización.

Como explicamos mi colega Daniel Raisbeck y yo en un estudio publicado esta semana por el Instituto Cato, la única solución creíble para el gravísimo problema de inflación que aqueja a la Argentina es la dolarización. Pero va más allá de eso, porque como bien sabemos los ecuatorianos, la dolarización viene a ser la vigencia del imperio de la ley en la esfera monetaria. Esto tiene efectos multiplicadores: al controlarse la inflación, las tasas de interés caen considerablemente, los plazos de financiamiento se extienden, y se limita el crecimiento del gasto y deuda al no poder monetizar los déficits.

Pero hubo otros efectos de la estabilidad monetaria de la que hemos gozado por un periodo de más de 23 años. Una generación de ecuatorianos ha podido acumular ahorros, conservando sus derechos de propiedad sobre estos, como antes no era posible debido al flagelo de la inflación. De esta manera, perdieron poder los políticos y se empoderaron los individuos.

Esta cultura de propietarios se manifestó en las calles en 2015, cuando el gobierno autoritario de Rafael Correa propuso crear un impuesto a la herencia. Para sorpresa de muchos, su mera propuesta provocó protestas a nivel nacional que casi logran derrocar su gobierno. Diciendo que solo afectaría a los ricos, el gobierno no calmó las protestas y tuvo que desistir de la medida.

La reforma ha permitido que se desarrolle un mercado previamente inexistente de financiamiento que va desde la llamada “cuota fácil” para comprar cosas como electrodomésticos hasta un mercado hipotecario. Además, derivó en un entendimiento tácito de que el progreso está en el aumento de la productividad, más no en el ejercicio de una administración cambiaria y de la determinación de la cantidad de dinero en circulación. La primera dejó de existir y la segunda se encuentra en piloto automático.

De esta manera, la dolarización no es solo un importante límite al poder que tiene la clase política para hacer daño en el campo económico, sino que también puede desarrollar en una sociedad el aprecio por el imperio de la ley y los derechos de propiedad. Estos son elementos importantes que podrían conducir a otras reformas básicas en el área de las pensiones, el mercado laboral y el sector financiero.

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 27 de julio de 2023.