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Este espacio sostiene desde el balotaje algunas ponencias que considera elementales y fundamentales, que se enumeran aquí. 

- La transición entre el descalabro y la normalidad será complejísima, y quizás más importante que un plan para el cuatrienio. La combinación de funcionarios nuevos, desconocidos por el propio presidente, no necesariamente capaces, no necesariamente leales, no necesariamente convencidos, no necesariamente decentes, no necesariamente sin compromisos, con un estado de situación de país naufragado, desesperado, sin crédito interno ni externo, sin inversión ni confianza ni fe, pauperizado, con efectos de arrastre inexorables y gravísimos hace que toda medida sea temporal y sujeta a cambios, porque se tuvo éxito y hay que pasar a otra etapa, o porque no se tuvo éxito y hay que cambiar el enfoque. 

- Ninguna de las medidas que tome este gobierno será definitiva ni completa ni perfecta ni necesariamente funcionará de entrada. Por eso se debe comprender que día a día se harán correcciones, precisiones, cambios, aclaraciones o complementos de las medidas. La famosa Acción humana de von Mises, explica la imposibilidad de prever la reacción de los mercados, los consumidores, los productores, ante cualquier medida. Salvo que se utilicen procedimientos dictatoriales. 

- El Gobierno debe ser juzgado día a día por su accionar, en un proceso de acumulación, no de instantaneidad fotográfica, justamente por la explicación anterior. La sociedad eligió una propuesta de cambio y un gestor de ese cambio, lo que incluye el modo de lograrlo. Por supuesto que tiene el derecho y hasta la obligación de opinar y criticar ese proceso, pero no de olvidar de dónde se viene. Dentro de ese proceso diario, también es esperable que si el gobierno advierte que algún funcionario no resulta eficiente, o no resulta decente, o representa a escondidas intereses que no debe representar, separe de inmediato a quien correspondiere. El proceso de selección de funcionarios no terminó con el juramento, ni es aventurado suponer que el presidente no conoce aún a muchos de los designados. 

- El ajuste requiere un complejo proceso de análisis meduloso y de gestión. Simplemente atacar “los grandes números”, o los rubros que se creen más fáciles de cortar, o los que complacen más a los acreedores, o los que permiten mostrar resultados teóricos más espectaculares y rápidos, es no sólo un error técnico, sino una injusticia, algo que dentro de las urgencias y emergencias, deben tratar de minimizarse. La columna ha propuesto, dentro del plan posterior de mediano plazo, la aplicación de la metodología de presupuesto base cero, que últimamente ha merecido el apoyo de muchos economistas. (No confundir con lo que Redrado llama presupuesto base cero que es otra cosa, obviamente) 

- El país está en quiebra, como es fácil de notar y diagnosticar. Bastaría preguntar a cualquier acreedor externo. En esa situación, todas las acreencias, privilegios, supuestos derechos adquiridos, prerrogativas y excepciones deben caducar y medirse todos los casos con la misma vara. Algo que es evidente que muchos sectores de la economía nacional prefieren no comprender. No hay quiebra selectiva. Sería bueno que muchos sectores corporativos que hicieron y hacen lobby o apostaron (sic) a apoyar a alguien que los salvara lo comprendan. 

– La Corte Suprema también debe digerir que en esta emergencia catastrófica y esa quiebra disimulada hasta la mentira y el disfraz se requiere algún mecanismo de prioridad y prelación en los derechos que cada uno tiene o alega tener. Si el Poder Judicial no advierte este hecho, estará arrojando al país a un enfrentamiento con final impredecible. O peor, predecible, al hundir los botes salvavidas luego del naufragio. 

Ratificados estos postulados, es posible usar el discurso del ministro Caputo y algunas decisiones o no decisiones del Banco Central para ejemplificar estos temas y los procesos de mejora y corrección permanente que tienen que tener las medidas que vaya anunciando el gobierno. La columna no resigna su facultad de opinar, como no lo hizo durante el gobierno que se acaba de ir, ni el de todos los peronismos ni el de Macri, lo que le valió todo tipo de calificativos, además de la inmortal explicación conque Cambiemos cerraba todas las críticas: “No vuelven más”

El ministro ratificó de entrada lo ya dicho por el presidente Milei: “No hay plata, no gastaremos más de lo que entra, vamos a déficit cero, no emitiremos”. Por mucho que pueda molestar la instantaneidad del sudden stop contenida en ese resumen, lo dicho es una obligatoriedad, más que una medida. El infartado tiene que dejar de fumar ahora mismo. 

Pero el diablo está en los matices. Y esos matices son fundamentales y deben ser corregidos. Empezando ya.

Cumpliendo con uno de los mandamientos superficiales e ignorantes de la precaria Kristalina Georgieva, el ministro, en su primera entrega, anunció que (de mediar la aprobación del Congreso, se supone), se reestudiará la fórmula de ajuste jubilatorio, y mientras tanto ese ajuste se establecerá por decreto. En una concesión al formato de dictadura romana que ello tiene, y estirando al máximo la tolerancia que aquí mismo se sugiere más arriba, supóngase que se pasa por alto ese detalle de que un señor iluminado decide el devenir de los últimos años de vida que tiene alguien que aportó toda su vida e hizo un contrato obligatorio con el estado. 

¿Para el ministro es lo mismo el que aportó toda su vida que el que obtuvo una jubilación demagógica de regalo? Curiosamente, los beneficiados por el obsequio kirchnerista son más que los idiotas que pagaron con su contribución y la de su empresa toda una vida. Debió decirlo. Debió establecer prolijamente la diferencia de concepto y tratamiento. Eso hubiera sido un acto de justicia, más allá de los montos. No decirlo, omitirlo, ocultarlo, es una inequidad inaceptable. Simplemente. Mil veces menos en un proceso de ajuste. 

¿Tuvo miedo de decirlo? ¿No quiso irritar a los legisladores que de todos modos no van a votarle casi nada trascendente? Hizo algo peor: irritó a los buenos.

En posterior aclaración, el ministro sostuvo que “a este paso, los jubilados van a perder todo con la inflación que se viene”. Meditemos. ¿Quiere decir que va a aumentar lo que cobran los jubilados? ¿Y lo dice en un contexto donde habla de bajar el gasto del estado? ¿Y espera que le crean? ¿No debió decir que va a hacer una diferencia importante entre los que tienen un contrato y los que tienen una dádiva? ¿No debió decir que revisaría además todas las jubilaciones con regímenes especiales, junto a todos los gastos que se cuelgan de la ANSES, que nada tienen que ver con el retiro y que conforman la mayor parte del déficit previsional? ¿O resulta que no era sólo el kirchnerismo el que creía que la sociedad era lela? ¿No debió proponer un régimen privado complementario de jubilaciones, como está haciendo el mundo no suicida?

Como un cuevero en el fútbol, la columna aguarda el ataque: “Son derechos adquiridos y se iban a comer una avalancha de juicios”. Primero habría que revisar quién es el beneficiario en cada caso. Luego, habría que recordar que lo que propone el ministro también puede acarrear el mismo número de juicios. Pero sería todavía más efectivo recordar que, en la reforma de Cavallo en los ’90, también se lesionaron todos esos derechos. Cavallo, que no es fan de esta columna y viceversa, ordenó a la ANSES no pagar ningún reclamo administrativo ni pagar ningún juicio, y apelarlos en todas las instancias. 

Como resultante de esa impiadosa decisión, los pocos jubilados que fueron a la justicia se encontraron con que había que ganar seis juicios, no uno. El original, su apelación, luego el juicio por cobro de pesos y su apelación (porque la ANSES no cumple los fallos), y luego el juicio de embargo y su apelación, momento en que el jubilado festeja su éxito desde su nicho en la Chacarita. 

La reforma de Cavallo fue durísima y afectó mucho más que cualquier otra. ¿Cuántos juicios se perdieron? ¿Y cuándo? Sin contar que lo que está en discusión no es un contrato con el estado sino una dádiva disfrazada de moratoria aplicable a cualquiera, calificase o no, lo que también cambia el panorama de cualquier litigio. 

Este argumento de los derechos adquiridos, que es relativo por razones similares y otras más, se usará muchas veces, casi siempre dialécticamente. Es obvio que si esa litigiosidad la manejan los abogados del Estado, especialistas en perder juicios, el resultado puede ser distinto. 

Además, ¿no sería una buena oportunidad para que el que cumple y se esfuerza en estar dentro del sistema capitalista tenga su premio, como tanto se predica hoy? El ajuste jubilatorio debe ser reconsiderado en estos términos, para no parecerse a la promesa de Alberto, de aumentar las jubilaciones con la baja de tasa de las Leliq. 

Se puede continuar. En otro anuncio que suena efectista, el ministro anuncia que los contratos de personal del Estado tomado el último año no serán renovados. ¿Quién piensa? Es mucho más defendible cesar a todos esos planeros ocultos ya, que esperar al vencimiento dentro de varios meses o un año, además del gasto inherente. Por otra parte, este procedimiento de los nombramientos populistas viene ocurriendo desde hace décadas, y se siempre multipartidario, como toda corrupción. 

Ese ajuste se llama “saludo a la bandera” o sea, un gestito para la tribuna. Anunciarlo es tapar el resto del témpano. ¿Con quién se negocia? ¿A quién se quiere complacer? ¿O simplemente se apuesta a la idiotez de los argentinos? Y no hay una injusticia también al convalidar a quienes fueron designados hace un año y un día, llamados popularmente ñoquis? La decisión debe ser reformulada. 

Continúan los anuncios. Parece un acto de estricta justicia eliminar la pauta oficial nacional a los medios, aunque en este caso se trate solamente de la pauta publicitaria para “informar los actos de gobierno”, no de los sobres que siguen un camino mucho más sucio. ¿Por qué por un año? ¿Se trata de un gasto superfluo que cuando pase el drama se podrá tirar a la basura de nuevo? 

Es cierto que Macri paga aún un duro precio de desprestigio por haberle quitado pauta y sobres a mucho periodismo, pero no se supone tener miedo. Los argumentos a favor de continuar con este subsidio son también pobres. “Se fundirán los medios del interior”. No se informarán los actos de gobierno”. “¿Qué pasará con los trabajadores?” como si toda la sociedad estuviera pendiente de los avisos que rezan: Argentina presidencia para enterarse de la inauguración de una canilla o de la inauguración número 14 de la misma escuela sin elementos, el mismo hospital sin remedios ni instrumental o el mismo parque seco. Como si no se comprendiese que los medios en general han bajado su circulación drásticamente, a niveles proporcionalmente más bajos que en el siglo XIX. Y por qué tiene el estado que subsidiar eso? ¿No es un acto de injusticia para mucha gente que no se elimine definitivamente ese regalo interesado? 

Y este punto se ata a otro que no fue anunciado, pero que es esencialmente lo mismo: los medios del estado. Radios, Telam, TV Argentina y toda la burocracia detrás de las secretarías, subsecretarías y observatorios que se cuelgan detrás de esa entelequia. En una rara pirueta ideológica, o al revés, sin ninguna idea lógica, se habla, además de la supuesta importancia de estos centros de gastos estatales en la cultura y la información. Y se recurre a la idea salvadora (para los vivos) de prometer que se los “pondrá en forma” para venderlos luego. Nunca, ni aún en los más terribles gobiernos militares capitaneados por generales tenebrosos de anteojos negros y Falcons verdes, se logró poner en forma ni contener su burocracia y su mediocridad a estos llamados medios. Mucho menos para lograr alguna imparcialidad, si eso justificara tirar la plata. Peor, el monumento a la ignorancia, la militancia, el acomodo y el dispendio, la Televisión Argentina, se inventó y construyó durante el gobierno del Proceso, que también robaba. 

Mucho más que la Pauta, eliminar ya los medios oficiales sería una muestra auténtica de la decisión de prescindir de los gastos inútiles y costosos, y definitivamente, un acto de justicia para con el resto de los productores y trabajadores a quienes golpean todos los robos, descalabros y posteriores ajustes. Creer que se puede destacar a un funcionario para que los haga rentables y luego venderlos en un mercado sin demanda para la obsolescencia es un doble sueño húmedo que ningún técnico de buena fe puede apoyar. 

Una pena que a quienes prepararon el discurso del ministro no se les ocurriera una señal tan fuerte de equidad y de fortaleza de decisión. En vez de eso, los medios privados estarán un año a dieta, y los medios públicos seguirán gastando alegremente varias veces más que la pauta que se elimina provisoriamente. Una burla, con todo respeto por la respetable figura del ministro y por el elogioso comentario de la señora Georgieva, que tampoco entiende nada de ajustes serios y en serio. 

El otro anuncio supuestamente de fondo, de paralizar la obra pública que aún no estuviese en vías de ejecución, también es un favor a la Patria encuadernada, que seguirá gozando de los beneficios de sus licitaciones amañadas del pasado, que se proyectarán largamente en el futuro por derecha y por izquierda. Curiosamente, en una filosofía imperante que está contra la casta política, se está empezando a perdonar al mayor socio financiero de esa casta. La casta licitadora. También hay maneras legales de cobrarles aunque sea parte de lo que hoy es el gasto acumulado, auditando las adjudicaciones y obras no prescriptas. Pero eso seguramente no entra en un discurso. 

Lo que significa que hay mucho trabajo por hacer para no parecerse al gobierno de Macri tan influido por el Círculo Rojo, que no es nada más que el lomo del naipe de la casta política. 

Sería injusto criticar al ministro por los anuncios que no hizo en su alocución. Pero los que sí hizo requieren una ampliación y aclaración, porque lo que implican tal como fueron formulados es un ajuste directo contra quienes menos merecen el ajuste. Lo que contrario sensu implica salvar a quienes más merecen ser ajustados. Queda el optimismo de una frase que dejó Caputo en una entrevista posterior a su entrega: “¿Usted cree que me gustan todas las medidas que anuncié? Hay muchas que no me gustan”. Habrá que tomarle la palabra y creerle. Corresponde darle ese crédito. 

Es posible que el discurso del ministro haya sido concebido más como un hecho publicitario (y de ofrenda al FMI para ayudarlo a justificar alguna bondad recién inaugurada) pero sería gravísimo que el Gobierno creyese que ya ha cumplido la parte del enunciado del plan de emergencia, lo que es poco probable que esté ocurriendo. 

El comportamiento de los mercados ha sido positivo, pero se debe más a la confianza que inspiró el advenimiento del nuevo gobierno que a los anuncios. Finalmente, los anuncios cambiarios e impositivos de Economía no son conceptualmente muy distintos a los de Massa, salvo los valores del dólar y alguna vaga libertad de importación, neutralizada por el impuesto país. 

Los anuncios, o no anuncios del salvado del incendio Banco Central son prudentes, pero tampoco tienden aún a resolver los problemas acuciantes. “Estamos buscando financiamiento externo para las Leliq” no es exactamente una solución, más bien es un pedido de aguante. La baja del interés de los pases es un empujón para que las entidades financieras vuelvan a preferir las letras de liquidez, pero también es un “pido”. Difícil de explicar por qué en un país quebrado hay sectores que no quiebran, o por qué quienes prestaron, y le seguían prestando a alta tasa hasta ayer a la mañana a un fallido, o sea los que prestaron pesos, recibirán dólares. Demasiadas castas sin consecuencias. 

 El Gobierno no debe temer corregir, complementar y hasta dejar sin efecto medidas o declaraciones. Tampoco debe temer a las reacciones de los legisladores, los sindicatos, los piquetes, los apedreadores y los conmovidos y solidaristas de siempre. 

Pero tiene que intentar ser más justo aunque ello sea sólo conceptual. Si el gasto político no se achica en serio y donde más se justifica, si no se reduce el costo de las diversas “patrias” que conforman finalmente una gran y única casta, si se olvida y convalida el robo de las grandes empresas y no se intenta limitarlo, recuperarlo, sancionarlo, quitarle proteccionismo, subsidios, prebendas, y se las obliga seriamente a competir, no habrá demasiada diferencia con el pasado. 

No basta con echar al funcionario que gaste más de lo que recaude, como dice el presidente. Hay que echar al que te proponga un pacto, es el traidor, como diría Don Corleone. 

Publicado en La Prensa.