El gobierno no debe tener un plan económico
Gabriel Boragina

Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas. Egresado de ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas). Autor de numerosos libros, entre ellos: La credulidad, La democracia, Socialismo y Capitalismo, La teoría del mito social, Apuntes sobre filosofía política y económica, etc. como sus obras más vendidas.



Son muchos los economistas que se quejan que el gobierno no tiene un plan económico. Otros, dicen que lo tiene, pero que no es el mejor, otros, que no es bueno, y finalmente un tercer grupo afirma que el supuesto plan (existente o no) es malo.

Creo que la pregunta a hacerse es ¿debe el gobierno tener un plan económico? Esta pregunta la respondieron otros economistas, hace mucho tiempo, como Ludwig von Mises y Friedrich A. von Hayek entre los más importantes. Y sus respuestas fueron y siguen siendo contundente: NO. No debería tenerlo. Y, en el caso de Hayek dice que no puede tenerlo (aunque quisiera). No podría, por falta de información y la imposibilidad de conseguirla.

Hay varias cuestiones implicadas en esta rotunda respuesta negativa de estos fenomenales economistas. La primera es que, como sustancia el gobierno (cualquier gobierno) en realidad no existe. No hay tal cosa como un "gobierno". Lo que si hay es un grupo de personas que, en virtud de ciertas leyes constitucionales y por medio de ellas, se ha decidido que reciban el nombre de "gobierno", y esas mismas leyes han dotado a esas personas de determinados atributos que detentan exclusivamente ellas y no otras (fuera del gobierno). Esos atributos consisten en determinadas potestades, que pueden ejercer legalmente ellas de manera exclusiva.

En suma, y en lo que a nuestro tema interesa, las que toman las decisiones políticas y económicas son esas personas que forman parte de eso que se da en llamar "gobierno", y no ningún "gobierno" como ente fantasmagórico, separado e independiente de las personas que lo integran. Resumiendo: las decisiones y los planes (económicos y no económicos) sólo pueden ser adoptados -y siempre lo son- por seres humanos.

En necesario aclarar siempre el punto anterior, porque estamos tan acostumbrados a manejar conceptos como entelequias tendiendo al antropomorfismo de ideas y percepciones que no tienen sustancia real en el mundo físico que, muchas veces, tenemos propensión a pensar en ciertas instituciones y otro tipo de organizaciones como si fueran seres vivientes independientes de la vida física de las personas que -en contexto- son las que actúan por ellas, y que etiquetan sus acciones personales bajo el rótulo de una entelequia. Esto se lleva hasta el paroxismo, de allí que se enuncia a menudo que el gobierno "dice", el gobierno "piensa", el gobierno "decidió", el gobierno "planea", o "estudia" y cosas así por el estilo, de la misma manera que expresamos Juan piensa, estudia, planea, etc. Y ese uso frecuente y tan arraigado genera, asimismo, la idea errónea de que el gobierno "piensa" una cosa y el presidente puede pensar otra, cuando, la verdad, es que el presidente piensa una cosa y -posiblemente- los miembros de su gabinete o del congreso, probablemente, puedan pensar otra, o lo mismo que él, pero en todos los casos serán siempre más de dos personas las que piensen, y nunca una, como -por ejemplo- el "gobierno", o "el congreso" o peor aún, "la justicia". Detrás de todas estas etiquetas sólo encontramos una sola sustancia: a los seres humanos.

Esto, no significa que dos personas o más pueden coincidir en una idea. Pero el punto es que no dejan por eso de ser personas diferentes, por más que coincidan en algunos puntos, o en todos ellos. No son algo separado de sus personas físicas. Este es mi tema actual.

Aclarado este punto (que -dicho sea de paso- siempre se debe explicar por las razones apuntadas de ese acostumbramiento social a corporizar entelequias) digamos que los planes, las planificaciones o planeaciones (o como quiera llamárselas) solamente las hacen y únicamente pueden llevarlas a cabo las personas. Estas personas, pueden ser los gobernantes o los no gobernantes. Pero siempre serán los individuos que -con un rótulo u otro- planifican.

Es cierto que nuestros lectores advertirán que esto lo dijimos muchas veces, pero persistentemente es necesario recordarlo cada tanto (a veces demasiado seguido).

Y el problema consiste en que los individuos somos naturalmente distintos y, por ende, pensamos distinto, queremos distinto, sentimos distinto, valoramos distinto. Y en lo económico, ahorramos o no, gastamos o no, y nosotros elegimos en qué cosas hacerlo, no hacerlo, y en qué cuantía, para cada una o para todas ellas.

El punto en cuestión es que, si "el gobierno" hace planes económicos por nosotros, nosotros no podemos llevar a cabo los nuestros, porque los recursos con los cuales dichos planes económicos han de materializarse siempre tienen un mismo y común origen: nuestros bolsillos, los míos y los de los lectores. He aquí el problema, el gran dilema que se plantearon los economistas nombrados antes, y otros ¿Quién debe planificar? ¿el gobierno o la gente? Porque, no es posible conjugar ambas planificaciones, dado que los recursos con las que se hacen son de origen y fuente común. Y toda vez que los recursos siempre son de los individuos y nunca de los gobiernos (sus miembros -en rigor- recordemos) lo más justo es que cada uno planifique con lo que es suyo. Entonces, la solución sólo puede ser una sola: el dueño de los recursos con los cuales se planifica debe ser el único planificador. Si los recursos son comunes (por ejemplo, en una sociedad anónima) va de suyo que el principio es el mismo: son los integrantes de la sociedad (los dueños de los recursos) quienes deben planificar. ¿Por qué el gobierno debería hacerlo por ellos, como ocurre con las normativas que regulan las sociedades, sus patrimonios, acciones, modo de repartir los dividendos, etc. si estos recursos no son del gobierno ¿Por qué debería este planificar por sus dueños?

Por ello es que, lo más sano (y, sobre todo, lo más justo) es que los gobiernos no tengan nunca ningún plan económico. Porque -si lo tienen- sus gobernados no podrán ser dueños de su destino, habida cuenta que no disponen de lo que es (por derecho) suyo: sus patrimonios y haciendas. Además, si hubiera acuerdo en esta propuesta, se acabarían los indetenibles debates dirigistas que apuntan a dirimir la sempiterna cuestión de que cómo y cuándo debería planificar económicamente el gobierno la vida de todo el mundo.

 

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