Planes sociales, punto de inflexión

Edgardo Zablotsky
Ph.D. en Economía en la
Universidad de Chicago, 1992. Rector de UCEMA. En Noviembre 2015 fue electo Miembro de la Academia
Nacional de Educación. Miembro del Consejo Académico de la
Fundación Atlas para una Sociedad Libre. Consultor y conferencista en políticas públicas en el
área educativa, centra su interés en dos campos de research: filantropía no
asistencialista y los problemas asociados a la educación en nuestro país.
El propósito de
cualquier política social debería ser la eliminación, tanto como sea posible,
de la necesidad de tal política. Es claro que el Gobierno así lo ha entendido,
en función de diversas iniciativas que llevó a cabo frente a una de las peores
herencias dejadas por el kirchnerismo.
En mayo de 2017
Mauricio Macri hizo público el Plan Empalme, el cual tenía por objeto facilitar
la inserción laboral de beneficiarios de planes sociales. Su intención debe ser
aplaudida; sin embargo, su éxito fue muy limitado al no complementarse con la
calificación de los beneficiarios, quienes carecían de cualquier capital
humano.
Casi un año después, en
febrero pasado, se unificaron tres programas en un nuevo plan denominado
Haciendo Futuro. Los beneficiarios continuarían cobrando la asignación, de
cumplir con el requisito de terminar su educación primaria y secundaria, y
luego capacitarse en un oficio dentro de un amplio listado de posibilidades. La
iniciativa fue remarcable, pero su efecto menor, dada la escala del programa.
Como he señalado en
cuatro columnas publicadas en este mismo espacio desde 2015, muchos
beneficiarios de planes sociales no han terminado su educación primaria y la
amplia mayoría no ha completado sus estudios secundarios. El requerir que todo
beneficiario, de cualquier plan social, deba cumplir requisitos similares a los
establecidos en Haciendo Futuro marcaría un cambio de paradigma que nuestra
sociedad necesita.
Es factible. La
historia de los Estados Unidos nos provee de un valioso precedente. En 1944, el
presidente Franklin D. Roosevelt sancionó la Declaración de Derechos de los
Veteranos de Guerra. La legislación les otorgó la oportunidad de reanudar sus
estudios, capacitarse técnicamente o tomar cursos de entrenamiento laboral, con
el derecho a recibir una mensualidad mientras los desarrollasen.
Gracias a la misma,
millones de personas que hubiesen intentado ingresar al mercado de trabajo
luego de la guerra, sin capital humano para ello, optaron por reeducarse. Para
1956, 7,8 millones, de los 16 millones de veteranos de la Segunda Guerra,
habían participado en un programa de educación o formación profesional.
Retornemos a nuestra
realidad. Una adaptación del sistema de educación dual alemán sería una forma
ideal de capacitarlos. ¿En qué consiste? Sintéticamente, combina clases en una
institución educativa con entrenamiento en una empresa. En Alemania existen
alrededor de 350 profesiones con una duración de 2 a 3,5 años. Conforme va
transcurriendo el proceso de aprendizaje, el estudiante incrementa el tiempo de
entrenamiento en la empresa y reduce el tiempo en la institución educativa,
logrando de esa forma incorporarse, provisto de capital humano, al proceso
productivo.
De requerir el Gobierno
a todo beneficiario de un plan social su capacitación, como condición para
acceder al beneficio, la iniciativa se habría de convertir en un punto de
inflexión de su gestión y nos permitiría imaginar un futuro con mucho mayor
optimismo.
Publicado en Clarín.
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