Fundación Atlas 1853

Imperio de la ley

Macario Schettino

Profesor de la División de Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, en la ciudad de México y colaborador editorial y financiero de El Universal (México).

Con un abrazo a Cuauhtémoc Cárdenas.

Se publicó el reporte 2021 del World Justice Project, que mide, desde hace poco más de una década, diversas dimensiones asociadas con la justicia y el Estado de derecho. Los índices comparables (con algún ajuste) existen desde 2011.

En el indicador general, México rondaba 0,47 unidades (el máximo sería 1,0) hasta 2015. En los siguientes tres años se perdieron 0,02 unidades, y en los últimos tres, ya bajo el actual gobierno, se ha perdido 0,01 unidades cada año. La caída se acelera.

La razón es que bajo este gobierno todos los indicadores caen, algunos de forma importante. La caída mayor ocurre en ‘orden y seguridad’, donde perdemos 0,06 unidades, para quedar en el lugar 130, de 139 países evaluados. Están en peor situación Haití, Venezuela, Mozambique, Congo, Mali, Pakistán, Nigeria y Afganistán. Puesto que todos ellos están en guerra civil o al borde de la misma, no parece buen lugar para estar.

La segunda mayor caída es en ‘ausencia de corrupción’. Perdimos 0,05 unidades, y ahora estamos en 0,26 unidades, que corresponde al lugar 135 (mismos 139 países). Por debajo están Uganda, Camerún, Camboya y Congo. Por cierto, aunque la caída en este indicador viene desde 2015, es relevante que no ha cambiado el ritmo de caída, ya no digamos la tendencia, por muchos pañuelos que saquen en la mañanera.

En tercer lugar empatan dos indicadores, que caen 0,03 unidades: ‘derechos fundamentales’ y ‘justicia civil’. En el primero estamos en 0,49 unidades, que nos colocan en el lugar 91, mientras que en el segundo estamos en 0,37 unidades, correspondientes a la posición 131, ahora por encima de Nicaragua, Congo, Guatemala, Afganistán, Myanmar, Bolivia, Venezuela y Camboya.

Los siguientes indicadores caen más o menos al mismo ritmo. En ‘justicia criminal’ estamos en 0,29 unidades, lugar 129, y superamos a Haití, Nicaragua, Paraguay, Congo, Myanmar, Camboya, Honduras, Camerún, Bolivia y Venezuela. En ‘aplicación de la regulación’ estamos en 0,44 unidades, que nos ubican en el lugar 105, pero en ‘gobierno abierto’ estamos en 0,60 puntos, la calificación más alta que alcanzamos, y que nos coloca en el lugar 43. Sin este indicador, estaríamos 10 lugares más abajo en el índice global.

Finalmente, en el indicador de ‘limitaciones a los poderes de gobierno’, estamos en 0,45 unidades, en el lugar 102 de la clasificación. En el indicador global, alcanzamos 0,43 puntos, y nos ubicamos en la posición 113.

Observe que sólo en dos indicadores estamos por arriba de la posición 100, mientras que en los seis restantes (y en el promedio global) superamos claramente ese nivel. En los dos temas que, supuestamente, definieron la elección de 2018, seguridad y corrupción, tenemos el peor desempeño en los últimos tres años, confirmando lo que esta columna había afirmado hace ya muchos meses: este gobierno no resolvió los temas para los que fue elegido, pero generó problemas donde no había.

El Estado de derecho, la aplicación de la ley, las limitaciones al poder del gobierno y su apertura, son fundamentales para el desempeño de una economía. Entre los países de ingreso medio-alto, como nos clasifican, somos casi los peores, ligeramente arriba de Turquía, Irán y Venezuela (que ya no debería estar en este grupo). Permítame ser más claro: la economía 15 del mundo (en dólares corrientes), con un ingreso per cápita que ronda el lugar 60, tiene un Estado de derecho en el lugar 113.

Además, nuestra situación sigue empeorando, y lo hace más rápido que en los gobiernos anteriores. Como vamos, es más probable que perdamos posiciones económicas, a que ganemos en imperio de la ley.

Este artículo fue publicado originalmente en El Financiero (México) el 21 de octubre de 2021 y en Cato Institute.