Vouchers educativos, el costo de un tabú

Edgardo Zablotsky
Ph.D. en Economía en la
Universidad de Chicago, 1992. Rector de UCEMA. En Noviembre 2015 fue electo Miembro de la Academia
Nacional de Educación. Miembro del Consejo Académico de la
Fundación Atlas para una Sociedad Libre. Consultor y conferencista en políticas públicas en el
área educativa, centra su interés en dos campos de research: filantropía no
asistencialista y los problemas asociados a la educación en nuestro país.
l Real Diccionario de la
Lengua Española define un tabú como la “condición de las personas,
instituciones y cosas a las que no es lícito censurar o mencionar”. La palabra
deriva del polinesio taboo, es decir, lo prohibido.
Por supuesto, su principal
costo es la limitación que impone a la libertad individual; es claro que
también genera restricciones a la exploración de ideas y comportamientos, lo
cual naturalmente deriva en un costo en la calidad de vida de las personas, al
dificultar la producción y el acceso a información correcta y relevante sobre temas
considerados tabú.
En educación, sólo sugerir
la posibilidad de utilizar vouchers educativos puede ser calificado como un
tabú. Veamos una primera ilustración, digna de aquella gran película de María
Rosa Bemberg: De eso no se habla.
El 21 octubre de 2014, a
pocos días de la elección en la cual sería consagrado, por segunda vez,
presidente del Uruguay, Tabaré Vázquez mencionó en una entrevista la
posibilidad de otorgar vouchers a estudiantes para asistir a instituciones
privadas. Afirmó que accederían al beneficio quienes quieran y lo merezcan,
tras una evaluación del Ministerio de Educación. Aclaró que no había una
cantidad estimada de beneficiarios.
Inmediatamente Vázquez se
encontró bajo el fuego cruzado de su propio partido, del sindicato docente y de
parte de la oposición, la cual, por cierto, había realizado propuestas
similares en elecciones anteriores.
En virtud de la magnitud
que alcanzó el tema, Vázquez aclaró en una nueva entrevista, dos días después,
que su propuesta sería aplicada en no más de 30 casos excepcionales, dado que
el principal compromiso del Frente Amplio era fortalecer la educación pública a
la cual “le da preferencia absoluta”. ¡Treinta niños! A tres días de una
elección presidencial, Tabaré Vázquez debió dedicar su tiempo a explicar que su
comentario sobre los vouchers estaba dirigido, como mucho, a 30 niños.
Vouchers educativos, el
costo de un tabú
Veamos ahora un reciente
ejemplo en nuestro país del nivel de desinformación que llega a generar. En
abril pasado una propuesta de reforma educativa que contemplaba el uso de
vouchers lo asoció con convertir la educación primaria y secundaria en voluntaria,
optativa, ya no obligatoria. Es claro que no existe relación alguna entre la
obligatoriedad de la educación y la forma en que el Estado la financia, ya sea
financiando a las escuelas, como en la actualidad, o a las familias, mediante,
por ejemplo, la utilización de los mencionados vouchers.
Un sistema de vouchers
educativos es tan consistente con la obligatoriedad de la educación como lo es
el sistema actual. Los niños tienen el derecho a ser educados, sus padres la
obligación de respetarlo y el Estado debería ejercer el poder de policía para
que así sea.
El costo en desinformación
de este tabú lleva a considerar a los vouchers educativos comoresponsables de
segregación en la sociedad, dada la posibilidad que coexistan escuelas de
chicos ricos y pobres, en virtud que familias de mayor poder adquisitivo
podrían invertir un monto adicional al voucher en la educación de sus hijos,
eligiendo escuelas, por ejemplo, que provean servicios adicionales por un pago
complementario. Es claro que ello no es siquiera necesariamente cierto,
pudiéndose no autorizarse dicho copago, como en el caso de Suecia.
Pero más interesante aún
es darnos cuenta de que ésta no es la pregunta correcta, sino si un sistema que
financie la demanda de servicios educativos generaría más o menos segregación
en la sociedad que el actual financiamiento de su oferta. Es difícil imaginarse
cómo un sistema que otorgue a las familias más desfavorecidas económicamente un
voucher, una cuenta de ahorro para la educación o cualquier otro instrumento,
para ser utilizado únicamente en la educación de sus hijos, habría de generar
una mayor segregación que el status quo. ¿Al fin y al cabo, quienes concurren a
colegios de gestión privada o a colegios públicos en barrios de clase media o
alta? La evidencia provista por lo sucedido durante la pandemia es una prueba
concluyente, la educación para los chicos pobres realmente no fue educación.
En la Argentina, hablar de
un voucher educativo, de cuentas de ahorro para la educación o de cualquier
otra forma de financiamiento de la educación distinta a la, mal llamada,
educación pública, es un tabú, por ello no resulta gratuito el siquiera
sugerirlo, como bien lo ilustra la comedia de enredos de la cual fue parte
Tabaré Vázquez.
En este contexto resulta
oportuno recordar una expresión del arzobispo de Montevideo, el Cardenal Daniel
Sturla quien, en una entrevista televisiva de junio de 2015, fue extremadamente
incisivo preguntándole al periodista dónde mandarían los políticos a estudiar a
sus hijos; cuando el periodista le contestó que “seguro a escuelas privadas”,
el Cardenal replicó: “si fuera así ¿por qué no les dan a los pobres lo que le
dan ellos a sus hijos?”
Parece muy argentino el
problema, la típica doble moral. Pero, a ser justo esto ya lo planteaba el mismo
Milton Friedman en 1975, cuando en una nota en The New York Time Magazine
expresó: “Yo culpo a las personas bien intencionadas que envían sus hijos a
escuelas privadas e imparten cátedra a las “clases inferiores” (comillas en el
original) sobre la responsabilidad de enviar sus niños a escuelas estatales en
defensa de la educación pública”.
Publicado en diario Perfil.
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